96% de la remodelación del teleférico de Mérida se realizó sin permisos ambientales

  • El 16 de abril de 2015, la presidencia de Inparques emitió la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15, la cual otorgó, “en combo”, los siguientes permisos: la Autorización para la Ocupación del Territorio y la Afectación de Recursos Naturales para la remodelación del teleférico Mukumbarí
  • Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
  • Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

 

“Legalmente, no podían mover ni una piedra”, sentencia un miembro del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques quien pide mantener su nombre en resguardo. No obstante, las movieron. Esa era “la orden de Caracas”. Para cuando la presidencia de Inparques finalmente emitió los permisos, la remodelación que comenzó en 2011 tenía 96% de adelanto. “Hoy lo que queda es hacer un post mortem de una obra que realizó una empresa del Estado al margen de la ley”, lamenta el trabajador.

Esa empresa es Venezolana de Teleférico C.A., creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado. La preside desde junio de 2015 el general de división José Gregorio Rojas Sarubbi; quien sucedió a Lorena Lisset Parada Medina, en el cargo desde octubre de 2014, que a su vez relevó a José Gregorio Martínez Dávalos, ingeniero que estuvo al frente de Ventel desde su creación y que en 2014 pasó a ser el gerente general del Sistema Teleférico Mukumbarí.

Fue justamente Martínez Dávalos quien el 8 de julio de 2015 les notificó al director regional Mérida-Trujillo-Barinas (Inparques) y al superintendente del Parque Sierra Nevada, que desde Caracas había llegado la aprobación ambiental que la obra debió recibir antes de levantar la primera piedra.

“Reciba un cordial y caluroso saludo del equipo de trabajo que conforma el Sistema Teleférico de Mérida, deseándole el mejor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones”,  se lee en el encabezado de la comunicación.

Martínez Dávalos aludía a la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15 que emitió la entonces presidenta de Inparques, María Isabella Godoy Peña, el 16 de abril de 2015. En el documento de 21 páginas se otorgan, por partida doble y por vía de excepción, tanto la Autorización para la Ocupación del Territorio (AOT) como la Autorización para la Afectación de los Recursos Naturales (AARN) para la ejecución del Proyecto “Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida”.

La doble aprobación que otorgó la funcionaria, quien actualmente se desempeña como viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, no solo contraviene el artículo 129 de la Constitución, el cual señala que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”; y la disposición legal prevista en el Decreto 1.257 del año 1996, norma que describe los pasos administrativos para llevar a cabo una obra susceptible de degradar el ambiente, sino que además carece de sentido al estar redactada en futuro, como si el documento no tuviera cuatro años de retraso y la obra no llevara, para ese entonces, 96% de avance.

Lea la investigación completa en www.runrun.es

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