Gobierno utiliza ofensiva comunicacional para desmarcarse del asesinato de Juan Pablo Pernalete y Armando Cañizales

La divulgación de información reservada sobre los asesinatos de Juan Pablo Pernalete (20) y Armando Cañizales (17) violan los artículos 286 del Código Orgánico Procesal Penal y el 49 de la Constitución Nacional, pero además, evidencian la intención del Gobierno por crear una matriz de opinión que atribuya la muerte de los jóvenes a cualquier otra causa distinta a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

Con la difusión de información privilegiada de los avances de la investigación en torno al asesinato de Juan Pablo Pernalete, ocurrido el miércoles 26 de abril en Altamira, municipio Chacao, y del menor de edad Armando Cañizales, ocurrida el miércoles 3 de mayo en Las Mercedes, municipio Baruta, no solo se violan disposiciones legales que comprometen la búsqueda de la verdad de manera imparcial y objetiva, sino que además queda en evidencia una estrategia para “exculpar” al Estado y a los funcionarios que reprimieron la manifestación.

“Con la información que se divulgó a través de varios medios de comunicación, como la portada del diario Últimas Noticias y el programa Zurda Konducta, no solo se viola el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 49 de la Constitución Nacional, sino que además se busca enlodar la investigación adjudicando a priori la muerte de los jóvenes a un sector político o a otro, lo cual es sencillamente repulsivo”, explica la abogada procesalista Claudia Mujica.

De manera similar, el ministro de Interior, Néstor Reverol, ofreció detalles reservados de la investigación sobre la muerte de Armando Cañizales. Dijo que al cuerpo del joven “se le extrajo una esfera metálica cromada que tiene algún parecido con este sistema de rodamiento que se utiliza para vehículos llamado rolineras”. Explicó que esa esfera le provocó una perforación en la carótida que le originó una hemorragia interna y su posterior muerte. El ministro, que proviene de la Guardia Nacional, agregó que “estos hechos forman parte de acciones terroristas donde se infiltran para asesinar a personas, culpar al gobierno y generar una conmoción”.

El abogado Joel García, miembro de la ONG Fundeci, recuerda que en otros casos de asesinatos ocurridos en manifestaciones en los que se ha comprobado la acción de funcionarios del Estado, ejemplos son el caso de Basil Da Costa y Jonathan Uzcátegui, se condenó a los culpables pese a todos los esfuerzos del Estado y de los medios de comunicación bajo su control por obstaculizar la investigación.

“En todos los casos en los que es evidente que es la policía la que actúa, el gobierno corre hacia adelante para entorpecer la investigación. En ese caso es obvio que quienes reprimen son funcionarios del Estado así que buscan atribuir la muerte a cualquier otra causa para desmarcarse inmediatamente de la responsabilidad y exculpar a la Guardia Nacional”, concluye García.

La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, recordó en una entrevista con Cásar Miguel Rondón realizada el viernes 05 de mayo de 2017, que en las protestas de 2014 el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez Torres, también hizo acusaciones similares en torno a las muertes de los manifestantes. Para Bolívar, la estrategia comunicativa del Gobierno va enfilada a desvicular a las autoridades, específicamente a la Guardia Nacional Bolivariana, de toda responsabilidad en los asesinatos.

Texto completo en www.runrun.es

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