Ley de Amnistía busca acabar con el apartheid político en Venezuela

El proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, cuya primera discusión en la Asamblea Nacional está prevista para hoy, constituye apenas un primer paso en el largo camino para acabar con la segregación y persecución política que afecta no solo a dirigentes prominentes, sino a miles de venezolanos que llevan años sufriendo persecuciones penales, administrativas y laborales en virtud de su postura crítica al Gobierno. Se trata de una amnistía que pretende poner fin a la iniquidad de un sistema de justicia al servicio de un proyecto político

Por Gitanjali Wolfermann | @GitiW

«Pana, ¿yo estoy en esa ley?», es la pregunta que más le han hecho a Gonzalo Himiob, director del Foro Penal Venezolano, desde que la ONG comenzó el proceso de consultas con víctimas y familiares de presos políticos, a fin de elaborar el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que luego sería entregado a la Asamblea Nacional.

Dicha pregunta entraña una realidad denunciada por numerosas ONG: que la persecución política no se limita a los dirigentes más prominentes, López, Ledezma, Ceballos, Machado o Rosales, sino que es una práctica extendida en  la Administración Pública y, en general, a todo aquel que el gobierno identifique como una voz crítica, caso que ejemplifica, entre otros, la tuitera Inés González, quien pasó más de 1 año detenida por el contenido de sus tweets.

Aunque los subterfugios legales lo nieguen y los voceros del Gobierno se escuden en el cinismo del término «políticos presos», la realidad que denuncia el Foro Penal Venezolano es que las cárceles nacionales albergan a 77 presos políticos; y que los tribunales reciben rutinariamente la visita de casi 2.000 perseguidos políticos con medidas cautelares, remanente de los 3.350 procesados por las protestas de 2014.

“Es muy complejo responder porque las amnistías no versan sobre personas, sino hechos. Son falsas las acusaciones de que la amnistía está incluyendo o excluyendo gente”, explica Himiob. La complejidad para precisar quiénes se beneficiarán de la amnistía reside en que si bien organizaciones como Human Rights Watch afirman que la persecución y segregación por motivos políticos lleva años siendo una práctica rutinaria en el país, raramente se le dice expresamente a la persona que la razón de tal discriminación es política.

Justamente porque el Gobierno niega la existencia de este tipo de persecución, el artículo 18 del proyecto de Ley presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional recoge los criterios bajo los cuales es posible constatar dicha práctica:

“Cuando la persecución penal contra algún dirigente político de la oposición u otras personas que hayan mantenido posiciones críticas frente al gobierno nacional, se haya producido en circunstancias que hayan restado confiabilidad en la administración imparcial de la justicia, en virtud de una aplicación discriminatoria de las normas penales procesales o sustantivas. A los efectos de esta disposiciónse entiende que ha existido discriminación en la aplicación de la ley penal cuando la investigación o proceso penal se haya prolongado por un tiempo excesiva o injustificadamente largo, sin que se haya dictado una sentencia condenatoria firme, o cuando por otros factores o circunstancias pueda concluirse que ha habido discriminación durante el proceso penal o a causa de la condena” [negritas añadidas].

Esta práctica no es solo injusta, sino ilegal. La discriminación por razones políticas está prohibida, entre otros, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; en el Convenio relativo a la discriminación de empleo y ocupación de la OIT; también está prohibida en el capítulo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 19 al 31, en los cuales se ratifican, además, los acuerdos y tratados internacionales en defensa de los derechos humanos.

Hay 24 hechos punibles amparados

En opinión de los juristas consultados, la aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no solo tiene como objetivo la liberación de dirigentes políticos que llevan años sufriendo la iniquidad de un sistema judicial al servicio de una parcialidad política, sino también pretende poner fin al apartheid promovido por el gobierno.

Para lograr este fin, el texto enumera 24 hechos punibles -cometidos o presuntamente cometidos entre el 1 de enero de 1999 y la fecha de entrada en vigor de la Ley-, los cuales entrarían bajo la cobertura de la amnistía.

Himiob destaca una cualidad atípica de esta propuesta de amnistía: es omnicomprensiva. Esto significa que la Ley no ampara solamente casos penales, sino actos de discriminación por vía administrativa, laboral, civil y mercantil.

“La evolución de la persecución política llevó a proponer una amnistía que cubriera distintos tipos de violaciones, por ejemplo, los despidos en Pdvsa tras el paro nacional; trabajadores despedidos injustamente de la Asamblea Nacional en el 2000; a quienes hayan recibido alguna «sanción ejemplarizante», a saber, militares, jueces, políticos, dirigentes estudiantiles, tuiteros; también cubre a quienes hayan sido tenidos ante la ley y la sociedad como «falsos responsables» de una acción, entre ellos, los directivos de Día a Día que fueron culpados por generar colas frente a sus establecimientos; y en general, abarca a quienes hayan recibido amenazas directas por parte del Estado por manifestar una actitud crítica”, explica el director del Foro Penal Venezolano.

Nizar El Fakih, abogado especializado en Derechos Humanos, acota que: “Todos conocemos a los presos políticos de mayor connotación por el liderazgo que ejercen: López, Ledezma, Ceballos, Machado, Rosales… pero hay miles de historias más, personas que no tienen voz ni rostro conocido y, por tanto, se difuminan en la opinión pública. En Venezuela, en 2014 se procesaron a 3.350 personas por manifestar, la cifra más alta de nuestra historia; son 3.350 personas –de las cuales 1.880 aún tienen abierto un proceso penal-, que ahora están sometidas al calvario del proceso penal politizado venezolano, en el cual no se respetan las más mínimas reglas de presunción de inocencia”.

El artículo 39 del proyecto de Ley habla específicamente a los beneficiarios potenciales: “En cualquiera de los casos referidos, quien se considere beneficiado por la presente Ley, en su condición de investigado, imputado, acusado o condenado, podrá solicitar directamente por ante el órgano judicial competente el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, o, de ser el caso, la extinción de la pena (…)”.

La diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior en la Asamblea Nacional, hace hincapié en el impacto social de la Ley de Amnistía: “La gente tiene que saber que esta Ley no es para un reducido grupo de personas, sino que la persecución política en nuestro país va más allá y nosotros no debemos acostumbrarnos a que la persecución política sea algo normal; como no debemos acostumbrarnos a la censura, a la escasez y a la inseguridad; aquí, todos los empleados públicos, de un modo o de otro, son perseguidos políticos y a eso hay que ponerle fin. Nosotros pretendemos hacerlo con esta Ley de Amnistía”.

Los invito a leer el reportaje completo publicado en runrun.es

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