Maduro con M de mentiroso: fiscal y juez se desmarcan del video del morocho Sánchez

Ni el Ministerio Público ni la juez Josepline Flores autorizaron al presidente Nicolás Maduro a difundir el video incriminatorio, desmintiendo así la versión del primer mandatario. Durante la audiencia de presentación, la fiscalía negó incluso conocer la existencia del material audiovisual y el tribunal solicitó averiguar quién autorizó a Maduro

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

En la audiencia de presentación de los hermanos Francisco José y Francisco Alejandro Sánchez, llevada a cabo la noche del lunes 17 de abril de 2017, trascendió que ni el Ministerio Público ni la juez Josepline Flores autorizaron al presidente Nicolás Maduro a difundir el video en el que uno de los dirigentes juveniles de Primero Justicia incrimina a varios diputados opositores de incitar actos de vandalismo durante las protestas.

Tanto la fiscalía como el tribunal 10 de control fueron un paso más allá. El MP negó que tuviera conocimiento del video y la juez solicitó una investigación para determinar quién autorizó al presidente la difusión del mismo.

“El material audiovisual ni siquiera formó parte del expediente”, apuntó Joel García,  abogado de los dirigentes y miembro de la ONG de Derechos Humanos, Fundeci.

“El fiscal negó conocer el video y cuando le preguntamos a la juez si ella había autorizado su difusión, respondió que el Ministerio Público era el titular de la acción penal, es decir, se lavó las manos. El presidente actuó solo y mintió públicamente sobre tener autorización”, dijo García.

¿Para qué se grabó entonces el video si no fue usado como prueba por la fiscalía? García especula que se realizó únicamente con fines propagandísticos, versión que se corresponde con la percepción del secretario general del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, quien afirmó que la persecución que ya vivió Voluntad Popular, le toca ahora a PJ.

Una mentira: ocho delitos

“Sorprende que el presidente Maduro se pronunciara sobre hechos que ni la fiscalía ni la defensa conocíamos”, afirmó García.

En la cadena nacional donde se difundió el video, el primer mandatario acusó a los hermanos Sánchez de terrorismo. El abogado de Fundeci explica que con esa acción, Maduro incurrió, al menos, en ocho delitos:

  1. Violó el derecho al honor y la protección de la reputación de Francisco Alejandro Sánchez (Art. 60 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela);
  2. Violó su derecho a la defensa, ya que sus abogados no conocían este material previamente (Art. 49 CRBV);
  3. Violó su precepto constitucional (Art. 49 literal 5), el cual estipula que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, aclara además, que la confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza, cosa que niega Francisco Alejandro Sánchez, quien afirmó ante la jueza que fue objeto de tortura física y psicológica antes de acceder a realizar la grabación, para la cual le suministraron un guión detallado de lo que debía decir;
  4. Violó el artículo 33 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura: “Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”;
  5. Violó el artículo 132 del COPP, según el cual la declaración del imputado será nula si no la hace en presencia de su defensor;
  6. Violó el artículo 117 del Código Orgánico Procesal Penal que obliga a los funcionarios a guardar reserva sobre la investigación;
  7. Maduro incurrió, además, en el delito de difamación (Art. 442 del Código Penal), el cual prevé penas de prisión. “Quien comunicándose con varias personas, reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de un año a tres años y multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a un mil unidades tributarias (1.000 U.T.). Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de dos años a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a dos mil unidades tributarias (2.000 U.T.)”.
  8. Violó el artículo 296, literal A, del Código Penal: “Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años”.

Texto completo en www.runrun.es

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