“No hay soberanía que permita violarle los DD. HH. a nadie”

La internacionalista Giovanna De Michele, quien entre 2001-2009 integró la comisión presidencial para la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia, y además se desempeñó como analista de seguridad y defensa en el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de la Defensa y de la Dirección de Inteligencia del Comando General del Ejército de Venezuela, extiende una invitación: no subestimar al gobierno | Por Gitanjali Wolfermann

Al considerar el manejo de la “petrodiplomacia”; la creación de organismos multinacionales paralelos como el ALBA y la Unasur; la salida en 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la súbita reavivación del interés por el territorio Esequibo –que tan intempestivamente como surgió fue dejado de lado-; la negativa a extender la invitación a la observación electoral de la OEA; y el actual cierre unilateral de la frontera, con la subsecuente expulsión, con características vejatorias de los derechos humanos, de miles de ciudadanos colombianos indocumentados, surge la duda de si tales acciones son producto de la impericia en materia de política exterior, o si obedecen a una estrategia deliberada.

Numerosos informes de ONG, así como las constantes declaraciones de figuras de reconocida relevancia política y moral, demuestran que lo que sucede en Venezuela está siendo visto con atención fuera de las fronteras nacionales. Así las cosas, es justo preguntarse cuál es la percepción que se tiene del Estado Venezolano a nivel internacional. De Michele esboza algunas respuestas.

¿Cómo nos perciben en el mundo?

– La percepción que está cobrando cuerpo es la de un Estado forajido, que es aquel que se coloca al margen de los convenios, resoluciones y la costumbre internacional. Esta categoría no solamente implica una gran condena moral por parte de la comunidad internacional, que según algunos pudiera ser lo menos significativo, sino el hecho de que un Estado forajido puede ser objeto de sanciones por haber incurrido en violaciones reiteradas a los derechos humanos, o apoyar al terrorismo o al narcotráfico.

Vamos por parte. Cuando decidimos desconocer la competencia de la CIDH, sencillamente nos colocamos al margen del sistema interamericano de derechos humanos; reactivar la situación con el Esequibo puso de manifiesto la poca consistencia en la conducción de la política exterior. Recordemos que en 2004 Chávez le dijo al presidente guyanés que no había limitación para que ellos exploraran y mejoraran su calidad de vida, inclusive dijo que no había ningún diferendo, que eso era un invento de los imperios para enemistarlos; ahora, desandando el camino iniciado, Venezuela tomó una postura completamente diferente, algo que fue sorpresivo tanto para Guyana como para el resto de la comunidad centroamericana y del Caribe, que expresó su rechazo.

Son dos episodios que generaron alerta en el continente americano a los que se sumó un tercero: la negativa a invitar a la comisión de observación de procesos electorales de la OEA, lo cual es una evidencia más del desconocimiento de los acuerdos y de la costumbre internacional que ha regido en el tema electoral dentro del continente americano.

– Y ahora se le agrega la manera en que se realizó la expulsión de los ciudadanos colombianos…

– La violación de los derechos humanos de los colombianos en la frontera, que aparentemente es sistemática, es un asunto sumamente grave, al punto de que la Procuraduría General de Colombia manifestó su disposición a acudir a la Corte Penal Internacional para buscar la forma de establecer la responsabilidad penal directa de algunos individuos que están involucrados en este asunto. Hay que aclarar que la CPI conoce sobre violaciones de DD. HH. llevadas a cabo por personas, no gobiernos ni Estados. Es decir, que algunas personas del alto gobierno venezolano podrían verse involucradas en crímenes de lesa humanidad.

Aun en el escenario de que la CPI decidiera que no tiene competencia para conocer de los delitos que Colombia denunciaría, el simple hecho de que funcionarios del gobierno venezolano estén siendo acusados es muy negativo para la imagen y el posicionamiento internacional de Venezuela.

– Eso es importante aclararlo, se trataría de consecuencias personales, no para el Estado…

Ahí hay que hilar muy fino. Si bien es cierto que en el caso de las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos en 2014 se habla específicamente de personas, esos individuos están en este momento desempeñando cargos públicos dentro del aparato del Estado, el cual en ningún momento manifestó la disposición de abrir una investigación para determinar si las acusaciones tenían asidero o eran puras calumnias; de esa manera, a primera vista se pudiera asumir que hay una suerte de complicidad por parte del Poder Público en Venezuela para favorecer a estos individuos.

– Esa complicidad oficial se escuda en el concepto de soberanía. El epíteto favorito del gobierno ante cualquier crítica de la comunidad internacional es “injerencista”. ¿Hasta qué punto es válido eso de no meterse en los asuntos de otro Estado?

– No aplica sobre todo en materia de derechos humanos. El caso de Colombia es esclarecedor: deportar a los ciudadanos colombianos indocumentados es una decisión soberana del Estado venezolano; así lo reconoció el Estado colombiano en las primeras de cambio; pero cuando se comienza a ejecutar la decisión se incurre en una serie de violaciones a los derechos humanos y no hay soberanía que permita violarle los derechos humanos a nadie en ninguna parte del mundo. A eso se refiere cuando se dice que los derechos humanos son de carácter universal.

Tan delicado es, que inclusive en pro de la defensa y promoción de estos derechos, hoy en día el Derecho Internacional contempla lo que se conoce como el derecho de injerencia cuando existe el riesgo o peligro inminente de la violación de los derechos humanos de un grupo de personas en el interior de cualquier Estado; este derecho de injerencia le permite actuar a uno o más Estados que estén en capacidad de evitar que tal violación suceda. Eso demuestra que el concepto de soberanía es absolutamente poroso.

– Es evidente que la comunidad internacional está atenta a lo que sucede en el país, pero esa dinámica de “name and shame”, es decir, denunciar para abochornar, ¿hace mella en un gobierno que parece ser inmune a la vergüenza?

– Claro que hace mella, más en este siglo XXI caracterizado por la complementariedad y la competitividad. Hoy los Estados tratan de preservar lo que se conoce como el posicionamiento internacional, que no es más que el lugar que ocupa ese Estado dentro de las relaciones de poder del sistema internacional. ¿Y qué es lo que determina ese posicionamiento? la manera en que te ven los otros Estados; mientras el posicionamiento sea mejor, el Estado tendrá mayor capacidad de incidencia y mucha más credibilidad dentro del sistema internacional. Al final del camino eso se traduce en poder.

Fíjate en Brasil, que aunque está pasando por enormes dificultades en este momento, goza de un buen posicionamiento a nivel internacional porque respeta las leyes y acuerdos, y además transmite una imagen de coherencia y fortaleza institucional dentro de su sistema democrático; en consecuencia, los países de América Latina perciben que Brasil es un país potencia dentro de la región. Ese posicionamiento internacional es fundamental, en estos momentos, el lugar que ocupa Venezuela está absolutamente minimizado.

-No hay medición ni índex internacional en el que no aparezcamos en la cola…

– Exactamente, y eso es lo que determina, entre otras cosas, que a nivel internacional no seamos un país atractivo para la inversión. Somos un país que genera muchísimas dudas en virtud de sus relaciones con otros Estados forajidos, como fue el caso del Irak de Husein o la Siria de Bashar al-Asad. Venezuela es un Estado cuya conducta invita al escrutinio, a la vigilancia, y de alguna manera al sigilo, por parte de la comunidad internacional.

– Algunos analistas se decantan por la tesis del aislamiento como un acto adrede por parte del gobierno. ¿Ud. qué opina?

– Yo no lo compro. Si el gobierno venezolano tiene como objetivo aislar a Venezuela, tengo que llegar a la conclusión de que es un Estado suicida desde el punto de vista político. Ningún Estado se puede trazar ese objetivo en materia de política exterior… ahora, que eso sea una consecuencia de la mala política exterior no lo pongo en duda, pero de allí a que sea hecho de manera deliberada yo no lo afirmaría. ¿Qué sentido tendría declararnos nosotros mismos como un Estado forajido? Eso no tiene ningún sentido. Sería la máxima torpeza.

– Pero es que son tantas torpezas encadenadas, tantas decisiones unilaterales, erráticas e inconsecuentes, que de verdad toca preguntarse si serán producto de la impericia o tendrán base en una estrategia deliberada…

– Yo he tenido muchas dificultades tratando de entender estas acciones, pero hace unas semanas escuché a Jorge Rodríguez invertir la máxima de Clausewitz según la cual “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. No es lo mismo afirmar lo contrario, es decir, que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”; cuando lo escuchas entiendes porqué la política venezolana es una eterna y constante confrontación, ya que es concebida como una guerra, como un ejercicio que no admite la disidencia; el adversario se convierte en un enemigo. Esa lógica la maneja tanto en el plano interno como en el externo.

-Ver la política como una guerra amerita contar con el apoyo de aliados, y no pocos internacionalistas estiman que Venezuela se está quedando sola…

– A mi modo de ver, por un lado considero que hubo una sobrevaloración de la capacidad y del posicionamiento de Venezuela desde comienzos del gobierno de Hugo Chávez, sobre todo a partir de 2001; por el otro, creo que ha habido un manejo de la política exterior concibiendo el mundo como era en los tiempos de la Guerra Fría; pero el mundo ha cambiado muchísimo y el sistema internacional también. Ya el mundo no está dividido en dos toletes; ese maniqueísmo se ha constituido como la columna vertebral y el producto es una política exterior completamente desfasada.

– ¿Aún le quedan aliados al gobierno?

– Uno percibe como aliado a alguien que está dispuesto a ayudarte de manera incondicional, no así al que te apoya pero tiene la suficiente seguridad para cuestionarte cuando así lo amerite; pero resulta que hay una tercera condición de Estado aliado… aquel que no está dispuesto a apoyarte de manera incondicional, pero tampoco está dispuesto a cuestionarte. Ese es el tipo de aliado que le queda a Venezuela.

– ¿Un aliado-alcahuete?

– Yo no sé si llamarlo así, pero es definitivamente ese Estado pragmático que no es capaz de morder la mano del amo que lo ha estado alimentando durante mucho tiempo.

– En otras palabras, ¿este gobierno sobrevive a nivel internacional gracias a los réditos de la “petrodiplomacia”?

– ¡Claro! eso le dio al gobierno unos resultados fabulosos. Chávez se montó sobre un barril de petróleo en $100 y se apoyó en su gran carisma; además, se valió del incuestionable debilitamiento de la política exterior de los Estados Unidos en la era de Bush. Chávez le sacó a todo eso un provecho extraordinario; pero resulta que ahora estamos en un escenario completamente distinto: Estados Unidos no es el mismo que dejó Bush, al contrario, Obama ha dado muestras de apertura como nunca en los últimos 54 años, lo estamos viendo con el caso de Cuba e Irán; tenemos un barril de petróleo que ronda los $40; y el actual presidente no tiene el carisma del que gozó Chávez; de paso, tiene una situación interna inédita.

– Justamente esa inédita realidad interna hace cuestionar la sensatez de una acción como la asumida con Colombia, un importante, si bien mermado, aliado comercial…

– En relaciones internacionales, así como en política, cada decisión se toma con base en la evaluación de tres factores: beneficio, costo y riesgo. Cuando el costo y el riesgo son sumamente altos, la única manera de que la decisión que se tome sea coherente y racional es que el beneficio sea tan alto que compense con creces.

– Bajo esa lógica la pregunta que sigue es inevitable: ¿Cuál es la ganancia derivada de empujar a miles de colombianos río abajo y de ganarnos el cuestionamiento de la comunidad internacional al violar los derechos humanos de esa población?

– Esa es la gran pregunta para la cual yo no tengo respuesta. Yo no creo que esto sea algo hecho a lo loco, esto tiene un objetivo; cuál es, yo no logro identificarlo, pero algo debe estar buscando el gobierno con esta acción. Es absurdo pensar que se trata de una política electoral, en lo absoluto, a ningún gobierno sensato le conviene perder la gran cantidad de votos de los ciudadanos colombianos. Electoral no es, pero reitero, no sé la razón y no me aventuro a afirmar nada; no obstante, es evidente que el gobierno venezolano, o tiene motivaciones absolutamente inconfesables, o definitivamente quiso hacer una demostración de fuerza y medir su capacidad de mando sobre las Fuerzas Armadas y el problema se le fue de las manos.

– Es factible que existan motivos maquiavélicos, pero también es muy probable que esta sea otra gracia que termina en morisqueta…

– Pudo haber sido, pero yo invito a no subestimar al gobierno. Muchas de las decisiones y acciones del gobierno han sido catalogadas como de irracionales e improvisadas porque se están analizando desde la óptica de una política exterior diferente, pero desde la lógica de la política exterior del gobierno podrían tener sentido. Los que juzgaron como descaradas las acciones emprendidas desde la “petrochequera”, estaban ignorando que las mismas eran cónsonas con los objetivos del gobierno; y ya vimos que los resultados fueron extraordinarios.

La entrevista fue publicada el 30/08/15 en Newsweek en español Venezuela.

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