Todos los caminos de la constituyente madurista llevan a instaurar legalmente la dictadura

Consolidar el Estado Comunal tal y como lo plantea el Plan de la Patria luce como el propósito más claro de la más reciente iniciativa presidencial. De concretarse el llamado a elecciones sectoriales o corporativas, el sistema electoral actual podría transformarse en uno de segundo y tercer grado. Los escenarios que derivarían de esta propuesta van desde la instauración legal de las bases dictatoriales, muchas de las cuales ya se aplican de facto, hasta la completa anarquía al tener en paralelo dos sectores, cada uno con su texto constitucional

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

 

El Gobierno se atrinchera. La consultora política ORC advirtió hace unos meses sobre sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces la consultora dijo que el Gobierno tenía en mente un objetivo político: diseñar un proceso electoral a la medida.

En efecto, el 1ero de mayo de 2017 Maduro anunció que convocaba a una “Asamblea Nacional Constituyente Popular”. Dos días después, los Decretos Presidenciales Nº 2.830 y Nº 2.831 fueron publicados en la Gaceta Oficial Nº 6.295. Con esta jugada, el tablero en el que se mueve la política en Venezuela se cierra aún más.

La Constitución de 1999, que según Hugo Chávez era la mejor del mundo, en manos de Maduro no llegará a los 18 años. Dice el presidente que hay nueve líneas programáticas para el debate constituyente: “La paz como necesidad, derecho y anhelo de la Nación; el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia; constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas; la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos; constitucionalización de la nuevas formas de la democracia participativa y protagónica; la defensa de la soberanía y la integridad de la Nación y protección contra el intervencionismo extranjero; reivindicación del carácter pluricultural de la Patria; la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud y la preservación de la vida en el planeta”.

No obstante, voces críticas dentro y fuera del chavismo advierten que las verdaderas motivaciones del Gobierno son otras. La más importante: eludir la responsabilidad de convocar a las elecciones de gobernadores, en mora desde diciembre de 2016 y a las de alcaldes, previstas para 2017.

¿Quiénes integran la Comisión Presidencial?

  1. Elías Jaua, actual ministro de Educación y ex constituyentista de 1999, preside la Comisión.
  2. Adán Chávez funge como secretario. Actualmente es ministro de Cultura y fue constituyentista en 1999.
  3. Cilia Flores, primera dama y ex constituyentista de 1999.
  4. Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas y ex constituyentista de 1999.
  5. Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores.
  6. María Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios y ex constituyentista de 1999.
  7. Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia y ex constituyentista de 1999.
  8. Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo y ex constituyentista de 1999.
  9. Reinaldo Muñoz, procurador general de la República.
  10. Elvis Amoroso, asesor legal del presidente Nicolás Maduro y ex constituyentista de 1999.
  11. Hermánn Escarrá, abogado y ex constituyentista de 1999.
  12. Noelí Pocaterra, miembro del PSUV y ex constituyentista de 1999.
  13. Earle Herrera, diputado y ex constituyentista de 1999.
  14. Remigio Ceballos, vicealmirante y comandante adjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

De acuerdo con el discurso del Gobierno, la iniciativa presidencial es el equivalente a una rama de olivo en medio del conflicto que plantea la dirigencia opositora y a esa línea se han plegado sus voceros. Jaua dijo que convocaría a los bloques parlamentarios de la AN, tanto al Bloque de la Patria como al bloque opositor, a los rectores de universidades públicas y privadas, a los constituyentes de 1999, a las asociaciones indígenas del país, a las confederaciones sindicales, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación, a las Comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil.

El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá también se sumó al coro: “Vamos pues, a la Constituyente para buscar la Paz, para un diálogo superior para defender los derechos humanos y las libertades, las aspiraciones, anhelos y creencias del pueblo, en fin, para convivir civilizadamente en paz y libertad”.

Istúriz no se quedó atrás y en el programa de Vladimir a la 1 dijo que: “La Asamblea Nacional Constituyente es un acto de generosidad del presidente, es para evitar muertos, para evitar la confrontación”. Al trío de voceros se le sumó la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien reapareció tras meses de ausencia para afirmar que esta iniciativa buscaba “alcanzar la paz que todas y todos nos merecemos”.

Pero no todas las voces asociadas con el chavismo se han mostrado a favor de la propuesta de cambiar la Constitución de 1999. Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, rechazó el decreto y dijo que: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.

El exministro de Educación y Energía, Héctor Navarro, también advirtió que realizar una constituyente no resolvería los problemas del país. “¿Vamos a hacer una nueva constitución para violarla también? Creo que ir a un proceso constituyente es una maniobra de distracción peligrosísima. A lo que tienen que comprometerse Maduro, el PSUV, la gente del gobierno y las instituciones como el CNE y el TSJ es a que su cumpla la Constitución”.

Por su parte, reconocidos juristas venezolanos han explicado que la inicitiva presidencial, independientemente de los objetivos políticos que busque conseguir, es completamente inconstitucional.

¿A qué escenarios puede llevar la propuesta de Nicolás Maduro? A continuación los derroteros que varios expertos consideran más factibles:

 1) Consolidar el Estado Comunal planteado en el Plan de la Patria

De concretarse este escenario olvídese de elecciones directas, universales y secretas.

Tanto Nicolás Maduro como el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá dijeron que el propósito de la Constituyente era incorporar lo que no logró Hugo Chávez en 2007 por medio de la reforma constitucional, es decir, “pequeños cambios”.

Sin embargo, el análisis de ORC Consultores es otro: una constituyente tiene implícita la transformación de las estructuras estatales y adecuar la Carta Magna y las leyes a esa nueva estructura, que no es otra cosa que el gran objetivo de alcanzar y diseñar un Estado Comunal (escrito en el Plan de la Patria) con una Asamblea Nacional Comunal que escoja de su seno al Presidente del país, así como los alcaldes y gobernadores.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, coincide con este propósito. “La razón fundamental por la cual Maduro está convocando a este fraude es para que en Venezuela no se den elecciones libres y democráticas”.

Este escenario buscaría consolidar un diseño piramidal de “elecciones” de 3º grado, en el cual el poder comunal escoge representantes que van a asambleas estadales y allí se escogen representantes a la Asamblea Nacional Comunal que luego escoge al Presidente.

Maduro asomó que la Constituyente Popular estaría conformada por unos 500 constituyentistas, 250 de los cuales serán designados directamente por las bases sociales (sindicatos y consejos comunales afines al gobierno, UBCH, grupos de interés -indígenas, mujeres, estudiantes-, afines al gobierno, etc.). La otra mitad sería elegida por votación directa a través de circunscripciones municipales que seguramente serán diseñadas por el CNE para favorecer composiciones que garanticen una mayoría para el PSUV.

El profesor universitario y doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez, considera posible que este escenario se dé con una variante: “Que el gobierno modifique la propuesta inicial y permita elecciones universales plurales, con una fórmula electoral con la que intente sobrerrepresentación como en 1999, aunque correría un gran riesgo. En una elección así, aun si la oposición no participa unánimemente sino solo la mayoría de los partidos, Maduro podría perder la elección”.

¿Qué sucedería entonces? El Gobierno tendría así tres opciones, responde Álvarez: “El fraude abierto para ganar la elección perdida; una sentencia del TSJ que anule la elección o limite las decisiones de la ANC y, por último, acatar los resultados y salir del poder, lo cual es solo posible si los militares así lo disponen”.

Texto completo en www.runrun.es

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