Venezuela sin elecciones: crece la deuda democrática del Gobierno

Ojalá fuera simplemente aquello de que “si no la ganan, la empatan”. Pero no, a los ojos del chavismo, ante la posibilidad de perder unas elecciones es mejor no convocarlas. Si bien la mirada está puesta en la actual postergación de las elecciones regionales, que afecta a los residentes de los 23 estados del país, la deuda democrática del Gobierno es de larga data y ha perjudicado a cada venezolano de una forma u otra: a los trabajadores mediante la suspensión de elecciones sindicales; a quienes hacen vida en las universidades autónomas, y también a las comunidades con la postergación para renovar los consejos comunales. No se trata de un Gobierno de malos perdedores, sino de todo un sistema que desde hace años desconoce la “rutina” democrática

Gitanjali Wolfermann

Si no gano, arrebato. La máxima parece ajustarse a la tendencia del Gobierno de privar arbitrariamente a los venezolanos del derecho a elegir a sus gobernantes y representantes gremiales, sindicales y comunales. El principal elemento del pavoneo chavista usado para cacarear que Venezuela tenía el sistema más democrático del mundo era que la revolución había realizado 17 elecciones, 14 con Chávez y 3 con Maduro.

La fascinación del chavismo con medirse a cada rato se acabó tras la derrota del partido del régimen en diciembre de 2015. “¿Ustedes quieren enfrentarse otra vez en la vida a la tragedia circunstancial que nos tocó vivir el 6 de diciembre de que nos ganara la oligarquía?, ¿ustedes se van a calar otras elecciones donde la oligarquía tenga algún triunfo?”, le preguntó el presidente de la República a sus seguidores el 20 de octubre de 2016. El mismo día, el Consejo Nacional Electoral suspendió la recolección de firmas para el referendo revocatorio. Dos días antes, el Poder Electoral había anunciado la postergación, por seis meses, de las elecciones para gobernadores.

¿A qué le teme el Gobierno? Seguramente a los casi 14 millones de votos que recibió en contra el 6D -lo que implica que al menos 2 millones de venezolanos pasaron de votar por Maduro en 2013 a apoyar a la oposición en 2015-, y también al pronóstico de Venebarómetro, según el cual 67,8% de los venezolanos -más de 11 millones-, votaría en contra de Maduro en el referendo revocatorio. Los vaticinios para las elecciones regionales que por ley debieron realizarse en diciembre de 2016 apuntaban en la misma dirección, situación que ponía en riesgo el control sobre las 20 gobernaciones que actualmente están en manos rojas rojitas.

Aunque la atención de la opinión pública está puesta en la postergación de los comicios regionales -acción del CNE que viola los artículos 293 y 160 de la Constitución-, ese es apenas el último clavo que el Gobierno le puso al ataúd democrático en el que yacen sin reposo el referendo revocatorio; la nueva elección para los diputados de Amazonas; las elecciones sindicales y gremiales; la renovación de las vocerías para los consejos comunales; y tal como van las cosas, seguramente también alojará las elecciones municipales, aún agonizantes.

La muerte de los sindicatos: las mil y un formas de suspender elecciones

Si hay algún lugar para buscar la génesis de la debacle democrática del Gobierno es en el mundo sindical. Una revisión de las elecciones adeudadas revela no solo la cantidad de procesos pendientes, sino la creatividad del Gobierno para postergar, suspender, amañar y sabotear el derecho de los trabajadores a renovar sus representantes.

Usar al Tribunal Supremo de Justicia para frenar procesos electorales no es nada nuevo en el entorno sindical. El modus operandi suele ser más a menos este: a días de realizarse la elección se interpone una solicitud ante el TSJ pidiendo la suspensión del proceso, y el poder Judicial, expedito cuando le provoca, responde al instante y paraliza el proceso. El CNE también ha metido su mano pese a que de acuerdo con el artículo 405 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los sindicatos únicamente deben notificar al poder Electoral de la convocatoria del proceso de elecciones y, solo si lo requieren, solicitarán asesoría técnica, no obstante, el CNE ha impuesto su “asistencia” en más de un caso.

La lista de los sindicatos, gremios y federaciones con elecciones vencidas es tan larga que se pierde de vista. Algunos casos son: Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (pendientes desde 2015); Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (pendientes desde 2013); Sindicato CVG-Bauxilum (Rolando Muñoz denuncia que pese a haber ganado las elecciones en 2015, la plancha contraria le arrebató su triunfo con la complicidad de la Comisión Electoral Sindical); Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (denuncian que llevan más de cinco años con la contratación colectiva vencida); Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (denuncian que la actual dirigencia impuso a sus candidatos para la Junta Electoral en marzo de 2016); Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (la directiva tiene más de año y medio con el período vencido y algunos sindicatos de base tienen más de tres años sin realizar comicios internos); Sindicato de la Gaviota (ha denunciado reiteradamente la intimidación por parte de funcionarios del Gobierno para impedir la renovación sindical); Federación Químico Farmacéutica (denuncian la intervención del Gobierno en la selección de los integrantes de la Comisión Electoral); Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (denuncian que la “Convención Colectiva Marco Socialista” de los trabajadores de la Administración Pública, publicada en la Gaceta oficial 6.268 el 26 de octubre de 2016, carece de las firmas del patrono y los representantes sindicales que participaron en su discusión).

Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), explica que “la deuda del CNE con los trabajadores no es solo técnica sino moral. En todos esos procesos cursan apelaciones ante el TSJ y el CNE. El Gobierno se ampara en un aparataje paralegal para sabotear las elecciones mediante argumentos jurídicos sin fundamento. Las consecuencias más graves han sido para los propios trabajadores porque sin sindicatos independientes no se defienden sus derechos y están paralizadas muchas de las discusiones de contratos colectivos. Nosotros llevamos más de siete años denunciando la intervención del CNE en los procesos electorales sindicales”.

Contrario a lo que el Gobierno esperaba, la manipulación de la dirigencia sindical le ha restado una base importante de apoyo popular al chavismo. “La figura de los sindicatos ha sufrido una transformación en cuanto a su adhesión a la línea de Gobierno; ahora la independencia es un valor preeminente”, confirma Máspero.

Texto completo en www.runrun.es

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