En su intento por desautorizar el informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas y zafarse de los señalamientos de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, el gobierno venezolano recurre a tácticas habituales: afirmar que el informe tiene fines políticos, invalidar técnicas forenses de análisis de datos, malinterpretar leyes internacionales y demostrar su incapacidad para respetar los pasos del debido proceso de justicia.