Educación de pacotilla

No hay peor ignorante que aquel que cree que sabe. Si además posee un título que avala el fraude, su ignorancia se torna peligrosa al ser legalmente invisible para la sociedad. Afanados en la masificación, la calidad de la educación impartida en las instituciones que forman parte de las “misiones educativas” solo ha sido evaluada en la práctica: y es ahí, cuando los egresados revolucionarios trabajan junto a colegas formados bajo estándares más rigurosos, que sus incompetencias quedan al desnudo y las comparaciones son inevitables. Habrá quien argumente que la asfixia a la academia tradicional, pública y privada, no busca sino eliminar la fuente de tan desfavorable contraste 

Gitanjali Wolfermann @GitiW

Las comparaciones, dicen, son odiosas. También son inevitables. La educación en Venezuela a partir de 2003 comenzó un período de transición con la implementación simultánea de dos propuestas: la educación oficial y la otorgada a través de las misiones educativas, a saber, la Misión Robinson I y II, la Misión Ribas y la Misión Sucre. Esto dio origen a una doble institucionalidad que además de representar una carga financiera para el Estado, propició el uso de estándares académicos paralelos con el objetivo de promover del clientelismo político, sostiene el economista Benjamín Altez en un trabajo publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. 

En efecto, el costo económico lo estamos pagamos caro: el gasto público se incrementó en un 112,7% en el período 2003-2008; no obstante, las consecuencias éticas de la estafa académica son aún más onerosas: hoy, miles de egresados de la Misión Sucre ejercen con el aval de un título cuyo rigor académico ha sido cuestionado por numerosos gremios, entre ellos el médico y el de educadores. En la práctica, sin el amparo de la alcahuetería revolucionaria que les impuso profesores sin preparación, les acreditó más horas de las debidas y les alteró el pénsum obviando contenidos básicos para el cabal desempeño profesional, sus deficiencias han quedado a la vista. 

Desde un principio, el anuncio de las cifras de matriculados contrastó con el secretismo alrededor de los planes de estudio. El mensaje era claro: el indicador de éxito de las misiones educativas era la cantidad, no la calidad de los egresados. La justicia social consistió en que miles accedieran a un título universitario, de cualquier modo.  

Los números demuestran que la oferta del gobierno tuvo eco: en el período 2002-2003 la matrícula de las misiones fue de 2.131.061 inscritos; el tope estuvo en el período 2005-2006 cuando se inscribieron 4.132.556 personas, llegando a representar el 40% de la matrícula oficial y 36% de la total. El período entre 2006-2007 –momento en el que PDVSA dejó de financiarlas-, la matrícula sufrió una disminución de 67%, y en 2008 el total de inscritos se redujo a 1.844.570 alumnos. “La disminución del nivel de la matrícula parece indicar la baja efectividad de esta política social, en consecuencia, hubo una disminución progresiva de la importancia de la educación como componente del gasto social, pasando de representar 38,1% en 2003 a 27,3% en 2007”, explica Altez. 

La investigación del economista demostró que desde la creación de dichas misiones, los lineamientos pedagógicos eran superficiales y excluían el uso de términos como “excelencia” y “calidad” de la educación, los cuales sí eran usados frecuentemente en anteriores planes académicos. En cambio, la propuesta estaba consolidada en torno a una directriz política: profundizar la universalización de la educación bolivariana. 

El profesor Carlos Calatrava, educador y magister en Ciencia Política, va más allá: afirma que a partir de 2005 comienza a entretejerse el sostenimiento formal del entramado que articula y justifica la militarización de la política y de la sociedad, proceso que se lleva a cabo a través del sistema educativo cuyo propósito central es la formación de un “nuevo republicano”, caracterizado por la obediencia irrestricta e incuestionable a la figura de poder. 

“La militarización de la política y la sociedad venezolana no es un fenómeno simple, la complejidad de su estudio y comprensión radica en la diversidad de espacios en los cuales el poder político acciona”, explica Calatrava. Señala que la Ley Orgánica de Educación (2009) fortaleció la condición intervencionista del Gobierno nacional en el sistema educativo, por medio de la interpretación de la tesis del Estado Docente como Gobierno Docente; el cual, apoyado en la Resolución 17.621, justifica la implementación del Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

En dos platos: “El sistema educativo queda en manos de la libre interpretación de los funcionarios del ME [Ministerio de Educación] y del MD [Ministerio de la Defensa] (…) lo cual representa una amenaza real contra una educación de calidad, en democracia y libertad”, dice Calatrava.  

El verdadero objetivo: defender la revolución 

Formalmente, según se lee en su página web, el Plan Extraordinario Mariscal Antonio José de Sucre, conocido como Misión Sucre, tiene por objeto “potenciar la sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar el acceso a la educación universitaria de todos los bachilleres sin cupo y transformar su condición de excluidos del subsistema de educación superior”. Nótese que la palabra clave es acceso, que entren a la universidad y obtengan un título; sobre la calidad no se dice nada. 

Como ya lo advirtieran Altez y Calatrava, la manifestación del propósito real de esta misión educativa no se hizo esperar: “Los universitarios bolivarianos estamos comprometidos con la defensa de la revolución bolivariana en todas sus distinciones y con su permanente profundización”, reza uno de los apartados de una declaración conjunta emitida por la UNEFA, Misión Sucre, UNESR, UPTAEB, UNES y UBV, tras la realización del Encuentro Nacional para la Transformación Universitaria. 

Como “un lavado de cerebro” calificó Gabriel Andrade, conductor del programa radial “Ágora” (Maracaibo), su experiencia como docente de la UBV. En su blog describe que: “En la Universidad Bolivariana de Venezuela se persigue un agresivo programa de adoctrinamiento. Se investiga a los profesores a fin de asegurarse de que guardan lealtad ideológica al gobierno, y el contenido curricular es increíblemente tendencioso. No hay en esa universidad la menor posibilidad de hacer públicamente un comentario a favor de Adam Smith, o en contra de Simón Bolívar; el profesor que lo haga, corre el riesgo de ser expulsado. Incluso, ni siquiera estaría permitido que un estudiante lleve una franela que represente a un partido político opositor al gobierno, mientras que, por supuesto, hay plenitud de estudiantes que llevan franelas que representan al partido oficialista. Es evidente que, en una universidad como esa, el nivel de diálogo y discusión es pobrísimo, y su mediocridad es prominente”. 

Incluso articulistas de Aporrea como Luis Fuenmayor han criticado abiertamente la formación impartida en las instituciones bajo el paraguas de la Misión Sucre. “[Son] Instituciones que no reprueban a los estudiantes que no alcanzan los conocimientos necesarios para su promoción, pues, al tratarse de personas humildes, no tuvieron las condiciones para aprender y formarse, por lo que deben ser «compensadas» con una prosecución automática. Políticas negligentes y suicidas para cualquier país que aspira [a] pagar la exclusión social con prebendas académicas y títulos universitarios”.

Fuenmayor continúa la descripción: “Universidades, además, que no cultivan la dedicación al estudio, donde se premia el facilismo, donde lo importante son las actividades proselitistas partidistas de sus comunidades, sin el número requerido de docentes, sin investigadores formados, sin producción de conocimientos científicos ni humanísticos, sin publicaciones en revistas indizadas internacionalmente, sin planta física idónea, sin laboratorios, con presupuestos miserables. No son reales universidades, sino engaños demagógicos”. 

El nuevo licenciado revolucionario

La propuesta era irresistible en un país cuya oferta laboral se reduce cada día: empleo garantizado para los egresados de la Misión Sucre. De ese modo, a principios de año la nómina del Estado ya rozaba los 2.600.000 empleados, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. Los nuevos profesionales han sido acogidos en ministerios, organismos del Estado y algunas empresas privadas, iniciándose una convivencia laboral marcada por el rechazo, la crítica, la resignación y el reentrenamiento. 

Dos gremios han sido particularmente vocales en sus cuestionamientos a los nuevos licenciados revolucionarios: el médico y el educativo. Era lógico que así fuera, se trata de dos profesiones que garantizan derechos humanos básicos: la salud y la educación. De estos profesionales depende la vida y prosperidad de una sociedad, sin duda, caer en manos de un mal galeno es tan perjudicial como ser discípulo de un mal maestro. Si el primero daña el cuerpo, el segundo afecta el alma y el intelecto. 

La Academia Nacional de Medicina hizo pública en 2012 su evaluación de los galenos egresados del Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria. Lo primero que destacaron fue que la oferta constituyó inicialmente un “verdadero fraude educativo”, ya que el título a otorgarse (Médico Integral Comunitario), no estaba contemplado en la Ley de Ejercicio de la Medicina para el año cuando arrancaron los estudios (2005), se hizo en 2007. 

Con respecto al currículo, la Academia señaló que “el pensum de estudios incluye materias que coinciden con las incluidas en planes curriculares tradicionales, aunque menos extensas y tratadas con menor profundidad y con notables ausencias, sobre todo en ciencias básicas, tales como: características anatómicas de grandes estructuras, conceptos elementales de fisiología, fisiopatología y bioquímica, entre otros”. 

Eso era en papel, en los hospitales, la práctica se encargó de demostrar la verdadera dimensión de las carencias: “La mayoría de los estudiantes no pudo demostrar que sabía realizar adecuadamente una historia clínica, ni que tenía un dominio promedio de la terminología médica; ninguno pudo realizar un examen físico completo; a ningún estudiante se le pudo asignar pacientes de sala (como se hace con los internos de la carrera tradicional), debido a las debilidades mostradas en las competencias clínicas básicas; durante sus actividades de sala mostraron deficiencias para la interpretación de exámenes complementarios básicos: laboratorio, electrocardiogramas o radiografías de tórax; los estudiantes no pudieron incorporarse activamente a las guardias de emergencia porque la deficiente preparación en el área impidió su desempeño, pues no mostraron destrezas o habilidades para discriminar los problemas clínicos de acuerdo con su gravedad, ejecutar acciones de atención inmediata o realizar procedimientos médicos básicos de emergencia”. 

Con los nuevos docentes la situación ha sido similar, como lo demostró la investigación doctoral de la socióloga Jeaneth Fernández, quien analizó la convivencia entre egresados del Programa Nacional de Formación de Educadores y los provenientes de la educación universitaria tradicional. Entre sus hallazgos está la confirmación del sesgo que existe desde el mismo proceso de selección. “Según manifestaron algunos directivos, se ha emitido la orden de que las nuevas incorporaciones sean ocupadas por egresados del PNFE (…). [Estos] docentes visualizan al Ministerio como el ente empleador y quien «garantiza» la incorporación de los docentes egresados ante la ausencia de concursos”. 

La investigación evidenció que la convivencia atraviesa una fase de rechazo de los docentes tradicionales hacia los provenientes del PNFE, entre otras razones, por la deficiente formación adquirida. Fernández destaca que al evaluar ambos planes de estudio, “es notorio que no existen materias dirigidas a la formación en didáctica, planificación o currículum dentro del plan de estudios del PNFE. Aquí puede reposar la causa de por qué todos los directores y maestras entrevistados, manifiestan las pocas competencias que tienen las docentes del PNFE en estas áreas”. 

En lo que sí parecieran ser eficientes es en la puesta en práctica de los aspectos ornamentales del currículo bolivariano, que contempla colocar la foto de Chávez en las carteleras y asegurar la permanencia del “rincón patrio” en cada salón. Lo hacen, describe Fernández, ya que la supervisión de la zona escolar “es lo primero que mira cuando va a las escuelas (…). Es llamativo que la vigilancia sea en el área estética visible y no en los aspectos de fondo que más impactan en la formación pedagógica de los estudiantes”. 

Tras 18 años de experiencia como docente en la Escuela de Educación de la UCV, el profesor Jorge Altuve manifiesta estar de acuerdo con la apertura de más universidades que formen maestros, aunque señala que esta masificación no puede ir en detrimento de la calidad. “Sin ir muy lejos, a nuestra Escuela le asignaron una cantidad gigantesca de nuevo alumnos. ¿Qué nos están diciendo? reciban más, pero el problema de la cantidad nos está comiendo porque ahora contamos con menos profesores a dedicación exclusiva.  ¿Cómo los vamos a atender? eso no les importa, lo que cuenta es que los números crezcan, pero a costa de qué… se montan sobre el sacrificio de los docentes; la universidad no aguanta esa cantidad de personas con un presupuesto cada vez más mermado. Si el Estado quisiera demostrar que está a favor de la calidad lo primero que tendría que hacer es darle a todas las universidades un presupuesto justo”.  

Cuando éramos mediocres y sí lo sabíamos  

Parece una fotografía de hoy, pero en realidad se trata de la conclusión presentada por Moravia Silva, coordinadora de la prueba SINEA aplicada para medir la calidad del sistema educativo nacional, por primera vez en el país, en 1998. “Los resultados hablan por sí solos. La información contenida en ellos en poco se aparta de algunos señalamientos formulados en distintos sectores del país, que van desde manifestar que la democratización de la educación ha ido paralela a una disminución de la calidad, hasta afirmar que la educación es un fraude. La diferencia es que ahora afirmaciones de esta naturaleza pueden apoyarse en una data confiable y válida”. 

La única vez que el Gobierno actual aplicó esta prueba, en 2003, no divulgó los resultados. Actualmente en el país no se aplican pruebas, nacionales o internacionales, que midan el nivel de conocimiento lo cual es indispensable para saber cómo estamos y qué medidas se deben tomar para reforzar el aprendizaje. Únicamente la Gobernación del estado Miranda aplica una versión de la prueba PISA, los resultados –alarmantemente malos- han sido publicados y a partir de allí han elaborado planes de aprendizaje complementarios. 

La política de Estado de garantizar el empleo a médicos y maestros sin que medien concursos de credenciales, no ha hecho sino alejarnos aún más de la formación de profesionales cabales. La consulta sobre la calidad educativa realizada el año pasado fue un paso es esa dirección, apunta Calatrava, ya que permitió discutir el tema de manera crítica, sin embargo, sostiene que mientras el actual régimen persista en su afán de militarizar a la sociedad a través de la educación, ningún cambio será posible. 

“Al contrario, la crisis del modelo ha validado aquello de que el sistema educativo es la caja de resonancia del sistema político. Los niveles de pobreza son tales que incluso los docentes han comenzado a observar una tendencia: la pérdida de paridad de género desde la primera educación. Es un fenómeno que apenas estamos analizando pero notamos que ingresan más niños que niñas a la primera educación, seguramente porque las madres prefieren dejarlas en casa para que ayuden con las labores”. Todo indica que, por ahora, la pobreza y la ignorancia seguirán teniendo rostro de mujer.