La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo.