Making Sense is the place to find all the published work, as well as some inédit pieces, written by Venezuelan journalist Gitanjali Wolfermann
La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo.
Ambas naciones llevan más de veinte años bajo el yugo de regímenes autocráticos, con un amplio récord de violaciones de derechos humanos y sanciones internacionales.
Regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Kim Yong-un en Corea del Norte, Bashar al-Assad en Siria y el de Hassan Rouhani en Irán, confirman que la teoría según la cual sólo sobreviven los más aptos también es aplicable a los dictadores. Bajo la cobertura de un entramado de empresas fachada y con la ayuda de países aliados, estos regímenes han evadido sanciones económicas durante años y han logrado mantener el poder mientras que gran parte de sus ciudadanos sufre incontables penurias.
La transición política hacia la democracia no es un acto único sino un proceso que suele ser lento y no lineal pues ora avanza, ora retrocede y ora se estanca, mientras que en el ínterin los ciudadanos sufren las consecuencias.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aún no ha asumido plenamente el mandato que le otorga el artículo 233 de la Constitución Nacional pues antes debe cesar la usurpación. A partir de ese momento comenzará formalmente un período conocido como “gobierno de transición”, cuyo fin último es realizar elecciones libres, justas y competitivas que den paso a un gobierno democrático.
Con la reelección en la mira, Nicolás Maduro coloca sus fichas en posiciones clave y desplaza del poder a antiguos aliados de Chávez.
En Venezuela, tras 18 años de desmantelamiento de la democracia, cabría esperar que los ciudadanos estuvieran curados de todo escepticismo.
Hoy la comunidad internacional condena a Maduro por sus prácticas antidemocráticas pero el día de mañana evaluará la legitimidad del próximo gobierno por su capacidad de apego irrestricto a las leyes y al debido proceso. Lejos de ser un proceso de retaliación, toda transición debe pasar por cumplir la ley.
Consolidar el Estado Comunal tal y como lo plantea el Plan de la Patria luce como el propósito más claro de la más reciente iniciativa presidencial. De concretarse el llamado a elecciones sectoriales o corporativas, el sistema electoral actual podría transformarse en uno de segundo y tercer grado.
La divulgación de información reservada sobre los asesinatos de Juan Pablo Pernalete (20) y Armando Cañizáles (17) violan los artículos 286 del Código Orgánico Procesal Penal y el 49 de la Constitución Nacional, pero además, evidencian la intención del Gobierno por crear una matriz de opinión que atribuya la muerte de los jóvenes a cualquier otra causa distinta a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.
