Making Sense is the place to find all the published work, as well as some inédit pieces, written by Venezuelan journalist Gitanjali Wolfermann
A medida que el régimen chavista se alejó de los principios democráticos, su círculo de alianzas comerciales se fue cerrando en torno a un grupo de países con los que comparte una fuerte afinidad ideológica, entre ellos Irán, Siria, Turquía, Rusia, Bielorrusia y China.
Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el gobierno venezolano de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de Covid-19, según una investigación de El Pitazo y Runrunes, en el marco del proyecto ‘Vigila la pandemia’.
Aunque en teoría el Estado es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, en la praxis venezolana, las violaciones de los derechos humanos se repiten a diario como consecuencia de la acción deliberada del poder Ejecutivo.
La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo.
Ambas naciones llevan más de veinte años bajo el yugo de regímenes autocráticos, con un amplio récord de violaciones de derechos humanos y sanciones internacionales.
Regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, Kim Yong-un en Corea del Norte, Bashar al-Assad en Siria y el de Hassan Rouhani en Irán, confirman que la teoría según la cual sólo sobreviven los más aptos también es aplicable a los dictadores. Bajo la cobertura de un entramado de empresas fachada y con la ayuda de países aliados, estos regímenes han evadido sanciones económicas durante años y han logrado mantener el poder mientras que gran parte de sus ciudadanos sufre incontables penurias.
La transición política hacia la democracia no es un acto único sino un proceso que suele ser lento y no lineal pues ora avanza, ora retrocede y ora se estanca, mientras que en el ínterin los ciudadanos sufren las consecuencias.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aún no ha asumido plenamente el mandato que le otorga el artículo 233 de la Constitución Nacional pues antes debe cesar la usurpación. A partir de ese momento comenzará formalmente un período conocido como “gobierno de transición”, cuyo fin último es realizar elecciones libres, justas y competitivas que den paso a un gobierno democrático.
Con la reelección en la mira, Nicolás Maduro coloca sus fichas en posiciones clave y desplaza del poder a antiguos aliados de Chávez.
En Venezuela, tras 18 años de desmantelamiento de la democracia, cabría esperar que los ciudadanos estuvieran curados de todo escepticismo.
Making Sense | Gitanjali Wolfermann 