La divulgación de información reservada sobre los asesinatos de Juan Pablo Pernalete (20) y Armando Cañizáles (17) violan los artículos 286 del Código Orgánico Procesal Penal y el 49 de la Constitución Nacional, pero además, evidencian la intención del Gobierno por crear una matriz de opinión que atribuya la muerte de los jóvenes a cualquier otra causa distinta a la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.