Además de las 24.763 vidas perdidas por causas violentas -12% de las muertes en Venezuela en 2013 -, el país paga un altísimo costo económico. Expertos señalan que el problema no admite respuestas coyunturales
Gitanjali Wolfermann @GitiW
La estructura colapsa. El armazón que posibilita la convivencia pacífica en la sociedad venezolana evidencia fallas -esas diferencias inaceptables entre el desempeño esperado y el observado-, que apuntan a un problema estructural. Uno o más elementos dentro de la arquitectura de la seguridad ciudadana han dejado de cumplir su función satisfactoriamente.
Samuel Yecutieli, consultor internacional de seguridad ciudadana, emplea el término arquitectura de la seguridad para definir la estructura sistémica compuesta por varios elementos que, en su conjunto, sostienen las estrategias de seguridad tanto en entes públicos como privados.
Dicha arquitectura está compuesta por pilares básicos, entre ellos, las instituciones y las políticas públicas. Agrega Yecutieli que esta estructura existe dentro de un entorno específico que condiciona inevitablemente su funcionamiento.
Visto así, entender el incremento de la inseguridad en Venezuela y diagnosticar su causa pasan necesariamente por analizar el contexto que rodea a la estructura y determinar las fallas de los pilares básicos. El esfuerzo no es en vano, apunta Yecutieli. “Un problema bien planteado es gran parte de la solución”, dice.
Grietas en el entorno: quiebre normativo
“La criminalidad tiene su base en cosas muy básicas de la vida social, o dicho de otro modo, hay cosas muy básicas dentro de la vida social que detienen la criminalidad y la muerte”, afirma Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), organización responsable del estudio cuyas cifras indican que 12% de los fallecimientos en el país durante el 2013, correspondieron a muertes violentas.
“La explicación que como organización le damos a la violencia no tiene que ver con la pobreza, ni con la desigualdad, ni con el capitalismo o las novelas: tiene que ver con el quiebre sistemático del respeto a la norma, del sentido de la ley como reguladora de las relaciones sociales”, afirma el representante del OVV.
Aunque el incremento ha sido gradual -hace apenas 20 años Venezuela tenía un índice de criminalidad de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes –, Briceño León sostiene que el país ha tenido picos de incremento directamente relacionados a etapas de quiebre institucional.
“En 1989, año del Caracazo, se contabilizaron 2513 homicidios y la tasa saltó a 13 por cada 100.000. Los dos golpes de Estado de 1992 representaron otro punto de inflexión y la tasa se incrementó a 16. A partir de 1999, año en que inició la presidencia de Hugo Chávez, los homicidios se incrementaron más de 30% y hasta la fecha, el aumento ha sido sostenido”.
El director del OVV señala que dichos eventos están unidos por un denominador común: el quiebre de las normas que sostienen el pacto social. “Los saqueos y acciones parapoliciales asociados al Caracazo representaron una fisura en las normas sociales y legales, de la misma manera que las intentonas de 1992 fracturaron las normas políticas para acceder al poder”.
Grietas en la institucionalidad: impunidad
Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, es tajante al afirmar que “el corazón del problema criminal es la impunidad derivada de las fallas de varias instituciones, entre ellas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”.
Izquiel sostiene que la discrepancia de las cifras oficiales del Ministerio Público, entre los casos que afirma haber recibido y aquellos sobre los que efectivamente ejerció acciones penales, deja entrever que existe 98% de impunidad de los delitos.
Tal grado de ineficiencia, afirma el criminólogo, tiene un origen específico: la politización de las instituciones. “El éxito del proyecto político actual pasaba por colonizar todas las instituciones, sin importar las consecuencias. Colonizaron el Tribunal Supremo de Justicia, los jueces de control, juicio y ejecución, a través de la provisionalidad de sus cargos lo cual imposibilita la toma de decisiones independientes”.
Briceño León agrega que en toda sociedad hay personas que buscan romper las reglas, pero el sistema inmediatamente las regula. El problema de no regular, no es solamente la impunidad particular –de quien comete un delito-, sino el daño que causa el mensaje que se envía al resto de la sociedad: cuando no hay castigo significa que las normas ya no regulan y donde no hay normas, manda la fuerza y la violencia.
Grietas en las políticas públicas: improvisación
Desde 1999 el Gobierno ha concebido y aplicado 20 planes de seguridad –para un promedio de 2 planes por año, a excepción de 2009 cuando se activaron 6 -. El cierre de esta edición coincide con la víspera del lanzamiento del vigésimo primer proyecto, el Plan de Pacificación de Venezuela, el cual sería el segundo activado bajo la presidencia de Nicolás Maduro.
A la luz del incremento sostenido de los índices de criminalidad, Briceño León asegura que destruir los mecanismos de control y sustituirlos por planes temporales es una de las causas del problema. A su juicio, los proyectos de seguridad ciudadana se han planteado desde una perspectiva equivocada: como planes sociales.
“El énfasis se puso en las becas, misiones y ayudas, descuidando el sentido de hacer cumplir la ley. La visión política e ideológica los hizo descartar lo que consideraban planes de derecha, y a sustituirlos por propuestas basadas en el bienestar social. Hubo un error de concepción”, asegura el director del OVV.
Por su parte, Yecutieli agrega que la falta de evaluación de los planes también ha afectado su efectividad. “No hay medición de indicadores que es lo que ayuda a mantener el foco. Los planes se han cambiado sin saber por qué no funcionaron. Lo que prima es la lealtad política y partidista, sin prestar atención al verdadero objetivo: reducir la criminalidad”.
Marcos Tarre, consultor de políticas públicas y experto en materia de seguridad, señala que “las respuestas ofrecidas tienen un altísimo componente de conveniencia política, sin importar en qué contradicciones se caiga”.
Tarre apunta el caso de la Misión A Toda Vida Venezuela, el cual a su juicio, representó un primer intento por ofrecer una política integral en materia de seguridad. “La propuesta incluía la desmilitarización del tema de seguridad y acto seguido, nombran a un militar activo como ministro del Interior y Justicia”.
Adicionalmente, Tarre señala que los planes se han focalizado casi exclusivamente en el aspecto policial, como es el caso del proyecto más reciente de patrullaje inteligente. “No contemplan el sistema judicial, el sistema penitenciario y modelos para la prevención del delito”, punto al que agrega que a nivel mundial, la evidencia muestra que invertir en prevención es más rentable que financiar planes represivos.
Diagnóstico: falta de voluntad política
A juicio de los expertos consultados, dos variables materializan la voluntad política: presupuesto y diálogo. Izquiel apunta que cuando un problema es prioritario para un país se demuestra destinando suficientes recursos para resolverlo. En el Presupuesto de la Nación aprobado para el período 2014, la asignación para la seguridad ciudadana es de 3.500.000.000 Bs, lo que representa 0,67% del gasto.
No se invierte, pero se pierde mucho. A esa conclusión llegó un estudio del OVV que determinó que las pérdidas económicas asociadas a la inseguridad ascienden, conservadoramente, a 11% del PIB.
“El costo de la violencia es altísimo, tanto directos a través de la pérdida de vidas y lesionados –se estima que por cada homicidio hay 3 heridos graves- y gasto privado para seguridad personal; como indirectos a través de actividades económicas y productivas inhibidas”, señala el director de dicha organización.
Encarar el problema, reconocer sus dimensiones es, a juicio de Marcos Tarre, otra forma de demostrar voluntad política. “La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado, específicamente del Ejecutivo pues desde ahí se maneja el presupuesto, se coordina con los demás poderes y se fomenta el diálogo”.
Este último, afirman los expertos consultados, es una variable vital para afrontar el tema de la inseguridad exitosamente, ya que es la base para la coordinación de los esfuerzos institucionales. “Por mucho tiempo no hubo diálogo entre los distintos organismos y los resultados están a la vista. Eso sí, el diálogo debe ser técnico, con base en indicadores y objetivos. La agenda partidista que tanto daño ha hecho debe quedar a un lado”, afirma Yecutieli.
Efecto Rukib: solución sistémica
Yecutieli asemeja el proceso de afrontar el tema de la inseguridad a resolver un cubo de Rubik. Lo primero que se requiere es coordinación: dedicarse a resolver sólo un color descuida las demás caras. Hay que verlo como un todo.
“El problema de la inseguridad es multifactorial y resolverlo es un proceso integral donde deben tomarse en cuenta variables como la gobernabilidad, la mejora de las relaciones institucionales, la cooperación entre el sector público y privado y la adecuada asignación de recursos”, afirma el consultor de seguridad ciudadana.
Por su parte, Briceño León concluye que la solución pasa por restaurar el sistema de convivencia basado en el respeto a las normas, no en la fuerza política o de las armas. Añade que cada acción que se tome, tiene que estar vinculada a una estrategia unificada y coordinada con todos los actores políticos y sociales.
El rol del ciudadano, a quien se le atribuye una discutible corresponsabilidad en el tema de la seguridad, está claro para Marcos Tarre: al ciudadano se le debe rendir cuentas a través de una gestión transparente, que le permita identificar dónde están las fallas que colapsan, un poco cada día, su calidad de vida. Sólo con esa información, podrá atribuir responsabilidades.
Making Sense | Gitanjali Wolfermann 