1 de cada 4 jóvenes comienza a trabajar antes de los 15 años

La Encuesta Nacional de Juventud 2013 presentada por la Universidad Católica Andrés Bello en julio de este año, reveló que de los 8.000.000 de jóvenes entre 15 y 29 años, casi 1.700.000 no trabajan ni estudian

Gitanjali Wolfermann @GitiW

Adolescentes con vidas de adultos. De acuerdo al estudio ENJUVE 2013 del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, cerca de 40 % de los jóvenes entre 15 y 29 años -1.300.000 personas- no termina el bachillerato. Cita el informe que “la trayectoria educativa se ve interrumpida a los 17 años, cuando todavía estarían en edad reglamentaria de cursar la educación media”. 

La encuesta, que se realizó entre agosto y octubre del año pasado y abarcó una muestra a nivel nacional de aproximadamente 4500 personas, determinó que los adolescentes que desertan del sistema educativo, lo hacen por factores económicos: 22 % de los hombres va al mercado laboral formal e informal; 25 % de las mujeres se dedicara al cuidado del hogar y los hijos. 

El estudio dejó en evidencia que de los 5,2 millones de jóvenes que trabajan o han trabajado, 2.600.000 comenzaron a laborar antes de los 18 años y 1.300.000 antes de cumplir los 15, esto es, mientras aún estaban en el liceo. La data indicó que 1 de cada 3 adolescentes -para un total de 900.000- está desescolarizado. 

Doblemente excluidos 

Desde el momento en que se presentaron los hallazgos resaltó un dato en particular: 23 % de los jóvenes de ambos sexos no trabajan ni estudian, esto equivale a 1.730.000 personas entre 15 y 29 años, cuyo manejo del tiempo hoy es tan incierto como la calidad de vida a la que podrán aspirar mañana. De este grupo, 7 de cada 10 son mujeres. 

Los datos señalan que del restante 77 % de la población juvenil: 35 % se dedica exclusivamente al trabajo; 31 % solo estudia; y 11 % combina ambas tareas. Como cabría suponer, solo “6% de los jóvenes ocupados trabajan porque les gusta, en contraste, 55 % lo hace porque debe mantener a la familia propia o a la de origen”. 

De ese 35 % que es laboralmente activo, cerca de 650.000 -7 de cada 10- solo completaron la educación primaria o menos. “Se trata de un sector de intensa participación laboral y muy baja preparación”, se explica en el informe. 

En el estudio se agrega que entre los riesgos de ingresar muy temprano al mundo laboral, está el hecho de que más de la mitad de esos trabajadores, no recibe ningún beneficio que le corresponde legalmente: utilidades, vacaciones, prestaciones, etc. 

El drama comienza mucho antes 

A propósito del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad –Cedice-, organizó una mesa de discusión con un panel de especialistas para analizar el tema en el contexto nacional.  

Los expertos coincidieron en que si bien el marco legal ofrece protección: la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (1998) destaca en el Artículo 2 que la edad mínima para acceder al trabajo es 14 años; y el Artículo 95 garantiza que habrá armonía entre el trabajo y el estudio, en la práctica, tales disposiciones se cumplen parcialmente.  

Alí Poveda, consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo quien participó en la mesa de trabajo, destacó que la variable económica es la principal determinante de la deserción escolar y la entrada al campo de trabajo,  tal y como lo corroboró el estudio de la UCAB.

Poveda argumenta que “un país que lleva 2 trimestres de contracción económica, en el cual la contratación del sector formal disminuyó al cerrar más de 200.000 empleadores; la inversión para incentivar el sector productivo no superó en el 2013 la media de la región, y donde el Estado reconoció que hay 1.785.000 nuevas familias pobres”, explican el crecimiento del empleo informal que afecta a adultos, jóvenes y niños por igual.

Por su parte Lisbeth Cordero, coordinadora del proyecto Hacia la erradicación del trabajo infantil y el respeto de los derechos laborales del adolescente en la economía informal, del que forma parte Cedice junto a varias ONG, pone el foco en las cifras oficiales sobre las que trabajan organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

Según este organismo, la incidencia del trabajo infantil en Venezuela es de 2,2 %, lo que ubica al país entre los que presentan menos casos en la región. Sin embargo, Cordero hace hincapié en que la data oficial no recoge información sobre el trabajo infantil informal, del que destaca: “es donde se dan las formas más peligrosas –minería ilegal; venta y distribución de droga; robos; servidumbre y prostitución”.

Muchas leyes y pocas acciones

Gloria López, directora del Centro de Investigaciones para la infancia y la familia (Cendif), que forma parte de la Universidad Metropolitana, argumenta que pese a la amplia protección legal que el Estado le brinda a la población infantil y adolescente, que incluye instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, en la práctica esta población sigue evidenciando una situación de vulnerabilidad estructural. 

“Más de la mitad de la población pobre está compuesta por niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a 52,3 %”, apunta López. Describe que el contexto de precariedad que rodea a esta población va desde la vivienda, hasta la alimentación. “1 de cada 5 niños menores de cinco años presenta algún grado de desnutrición, según informes de Unicef”, señala. 

Otro dato del organismo internacional indicaría que el ciclo que sustenta el trabajo infantil, lejos de romperse, está en vías de perpetuarse: 20 % de los nacimientos en Venezuela son de madres adolescentes. El estudio de la UCAB validó esta información. “La ENJUVE 2013 reconfirmó la prevalencia de la maternidad entre las adolescentes: entre los 15 y 29 años, 76 % de las jóvenes ha tenido al menos 1 hijo –de ese porcentaje 14 % ha tenido al menos 3-; entre los hombres el porcentaje se incrementa a 91 %”. 

Los expertos reunidos coincidieron en que resolver un problema cuyas causas son múltiples, pasa por dejar de elaborar “políticas públicas incongruentes, diseñadas desde un escritorio y por ende, poco concertadas con los sectores afectados”, señala la investigadora del Cendif, Yuherqui Guaimaro. 

La investigadora apunta que estas incongruencias se evidencian en materia de educación, que es justamente la variable más determinante para reducir la brecha de la pobreza. “Dotan a las escuelas de computadoras pero no hacen nada por recuperar la infraestructura. Privilegian el acceso a Internet, e ignoran que la escuela se está cayendo o no tiene agua”. Mientras las prioridades no estén claras, concluye Guaimaro, la pobreza –y con ella la incidencia del trabajo infantil-, será muy difícil de erradicar.