Descontrol de calidad

Si el café de la mañana le deja un regusto a “crudo o hierba verde”, sepa que no son figuraciones suyas. El rígido control de precios y el limitado acceso a materias primas al que han estado sometidos sectores cuyo abastecimiento es indispensable, como alimentos, medicamentos y aseo personal, ha derivado no solo en la evidente reducción de la oferta, sino también en la disminución de los estándares de calidad. Sin opciones para escoger, la otra cara de esa moneda es la de una sociedad obligada a consumir, bajo su propio riesgo, lo que consiga  

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW  

“No son cosas de la imaginación: los tubos de papel higiénico sí son más delgados; ahora las toallas sanitarias y los pañales tienen menos capacidad de absorción; y la tela de las toallitas húmedas es más áspera”, refiere una fuente que trabajó durante años en una de las principales empresas del sector productor de artículos de aseo y cuidado personal, quien pide resguardar su identidad.

“La presión del gobierno, que en algunos casos incluye la amenaza de prisión para los gerentes y trabajadores, ha llevado a producir de cualquier manera para cumplir con cuotas determinadas. ¿Qué haces cuando estás obligado a cumplir con una cuota y la materia prima no alcanza para mantener los estándares ideales? lamentablemente baja la calidad”, sostiene la fuente.  

En efecto, cada cierto tiempo aparece un titular que anuncia que las autoridades se reunieron con las empresas del sector productor de pañales y toallas sanitarias para garantizar la continuidad de la producción; no obstante, los escuetos comunicados no hacen mención de las difíciles condiciones en las que están operando dichas plantas: rígidos controles de precios; reducción drástica del acceso a materias primas; obsolescencia de las maquinarias y líneas de producción; además de la persecución y amenazas a los directivos y trabajadores de las empresas. 

Si la escasez es la consecuencia más notoria del control estatal, la reducción de la calidad es tal vez la menos perceptible. “No podemos hablar de que la calidad de los productos actuales sea la misma de hace 10 o 15 años, es imposible, porque ahora lamentablemente producen con lo que pueden conseguir. Muchas empresas han perdido a proveedores altamente confiables por incumplimiento de pago, lo que las obliga a usar materias primas alternas; otro factor es la tecnología que están manejando, ya que en muchos casos debían actualizar sus máquinas y líneas de producción y no han podido hacerlo. La calidad también se ha visto afectada porque muchos productos son importados y envasados acá. La labor del Estado, a través de distintos ministerios, es fiscalizar para garantizar que los productos importados cumplan con las normas COVENIN respectivas”, explica el Ing. José Luis Dávila, gerente de Desarrollo de Negocios del Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad (Fondonorma). 

Fiscalización que el Estado no está haciendo, afirma el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli: “A través de las importaciones masivas el Estado ha entrado en el ruedo del mercado como un competidor más; si no puede siquiera cumplir con el tema del abastecimiento, mucho menos va a irse al detalle de verificar la calidad. Las auditorias de organismos como el Sencamer (Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos), no se están realizando ni en las empresas públicas ni en las privadas; ahora el único objetivo es cuantitativo, llenar los anaqueles y mostrar menos colas; la calidad no es una prioridad”. 

La falta de fiscalización no solo lleva a incurrir en una negligencia que pone en riesgo el bienestar de los consumidores, sino a violar el artículo 117 de la CRBV, que garantiza la calidad de los bienes y servicios que adquirimos; y a la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad (2002), la cual establece en su artículo 3 que la acción del Estado estará dirigida a promover los estándares nacionales de calidad tanto de los bienes elaborados en el país, como de los importados, distribuidos y expendidos en el territorio nacional. No hay medias tintas, esa vigilancia es obligatoria. 

La fiscalización que realiza Fondonorma sí es de carácter voluntario. Con más de 40 años de funciones y cientos de empresas, públicas y privadas, en su portafolio de acreditaciones, el gerente de Fondonorma señala que “muchas de las empresas expropiadas por el Estado, que estaban previamente certificadas por ellos, han mantenido su certificación y siguen siendo auditadas”. Es el caso, según consta en el registro disponible en su página web, de Fama de América S.A. y de Cargill de Venezuela, S.R.L, entre otras. Señala que en estos casos, las empresas contaban con una ventaja: “La mayoría del personal operativo ha permanecido y conoce los procedimientos”.

Producir con lo que hay (e importar lo que sea)

El trueque ha formado parte las estrategias para seguir produciendo, afirma la fuente del sector de aseo y cuidado personal. “Las empresas del sector están en constante comunicación, ya que cuando la crisis de escasez alcanza algún pico, recurrimos a mecanismos de trueque, como el canje de pulpa (fibra de algodón) por adhesivos, para poder cumplir con las cuotas impuestas y evitar las sanciones”, revela.  

“La industria hace lo que puede para buscar soluciones pero la situación es decadente. Ya no se planifica en función de estrategias de mercadeo sino se piensa solo en producir porque al final, lo que saques a la calle se vende. Hay categorías de bajo costo que han vendido como nunca soñaron solo porque las marcas líderes no están. La distorsión es total”, explica. 

Dar prioridad a las importaciones en detrimento de la producción nacional no es cosa nueva para este sector: “Hubo un punto cuando la producción de pañales llegó a cero y como importar la materia prima implicaba pagar las deudas pendientes y disponer además del tiempo para producir, la decisión del Gobierno fue importar los productos terminados, ya que de otro modo se enfrentaba a un desabastecimiento inminente”. 

Pagar las deudas no luce como una prioridad con el actual precio del petróleo venezolano. Solo entre 2010 y 2014 se acumularon compromisos con proveedores internacionales por valor de 12 millardos de dólares. De acuerdo con el más reciente informe de Conindustria, el parque industrial trabaja a menos de 50% de su capacidad instalada debido a que 90% de las empresas acusa la falta de materia prima importada, que en promedio, representa 28% de la estructura de costos del sector industrial nacional, explica Efraín Velázquez, presidente del Consejo de Economía Nacional.

“La sociedad no termina de entender que cuando las autoridades impusieron un precio, la dinámica alrededor de ese producto se siguió moviendo y los márgenes de utilidad generados se redujeron. La única manera de hacer medianamente viable la operación es empezar a sustituir materias primas y ver cuál es la posibilidad de generar el producto bajo otras condiciones. ¿Puede ocurrir que en determinados productos la calidad no sea la misma que en el pasado? Sí, justamente porque hay materias primas específicas que no están disponibles y al sustituirlas generan un producto distinto del original, si bien aún podría estar dentro de los márgenes aceptables de calidad”, argumenta Velázquez.

Sucedió exactamente así, explica la fuente anónima: “Muchos proveedores internacionales nos cerraron las puertas. Cuando una empresa de un país te deja de vender ocurre un efecto dominó que enciende las alarmas y genera que las demás tampoco quieran hacer negocios contigo. En serio, cómo negocias con un proveedor que sabe perfectamente que no estás en capacidad de garantizar el pago, sencillamente porque no depende de ti. Nadie hace negocios a ciegas”.

Esas alarmas se prendieron ahora, luego de que en el período de 1999 a 2012 las importaciones crecieran a razón de 9,5% interanual, pasando de 16 a casi 60 millardos de dólares, según cifras del BCV. Y en esos barcos el Estado trajo de todo, incluso medicamentos sin permiso ni registro sanitario. Las denuncias las presentó Marcela Máspero, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Industria Químico Farmacéutica.

“En el marco de la epidemia de dengue y chikungunya del año pasado, la cual generó una mayor demanda de acetaminofén, el gobierno anunció la importación del medicamento desde China, Brasil, Cuba y Vietnam; incluso los prospectos informativos venían en los idiomas originales. Nos traen medicamentos importados sin verificar si cumplen con los mismos requisitos que le imponen nuestras leyes a la producción nacional, y al no tener el permiso sencillamente no se garantiza que sean aptos para el consumo”, apunta Máspero. 

La Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad señala en su artículo 88 que: “El Ministerio de la Producción y el Comercio, podrá evaluar la calidad de los productos y servicios que se fabriquen, importen o comercialicen en el país, con el objeto de comprobar que éstos cumplen con los requisitos exigidos en las normas y reglamentaciones técnicas (…)”. Todo indica que paliar la emergencia sanitaria llevó al Estado a importar medicamentos obviando los controles que impone la ley; por lo que cabe preguntarse qué nivel de supervisión se aplica a los alimentos que aparecen y desaparecen de los anaqueles sin que el consumidor sepa de dónde provienen y qué calidad poseen. 

Negrito, con leche o marrón

No son ideas suyas: la disminución de la calidad también llegó al café que solía alegrar sus mañanas. Un grupo de investigadores de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado publicó en 2014 un estudio que evaluó las características físico-químicas de la calidad del café verde y molido producido en el municipio Sucre del estado Portuguesa, tomando las muestras de café verde suministradas por 39 caficultores de la zona.

La principal conclusión fue que la calificación de calidad obtenida es la mínima aceptable “tipo C”. El informe destaca que: “La calidad del café se ha deteriorado gradualmente producto de la falta de normativa en aspectos críticos, como el conocimiento de características físico-químico y sensoriales (…)”. Señala que “la aparición u origen de estos defectos se puede anudar a la falta de agua durante el desarrollo del fruto, retraso entre la recolección y el despulpado, problemas de nutrientes en el suelo, fermentaciones prolongadas, interrupciones largas en el proceso de secado, almacenamiento húmedo del producto, entre otros”.

La investigación evidenció la presencia de granos recolectados con diferentes grados de maduración entre los que se encontraban granos verdes, que generaron una alta proporción de granos negros, mordidos e inmaduros, los cuales dan a la bebida un gusto a “crudo o hierba verde”. 

En este caso, la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad dispone en el artículo 118 que: “Quien por negligencia, impericia, inobservancia u omisión, desmejore, deteriore o cause un daño a un bien público o servicio público, en detrimento de su calidad según las previsiones establecidas en esta Ley, será sancionado con multa o comiso de equipos, según la gravedad del hecho (…)”. 

Producir so pena de cárcel (y comprar so pena de perecer)

“Ha habido una política de Estado de acosar, aterrorizar y perseguir cualquier tipo de disidencia y crítica. Los trabajadores no somos los responsables de la crisis en las empresas pero la estamos llevando a cuestas. El problema real es el desinterés absoluto en producir por parte de quienes han estado al frente de estas empresas, que han estado ahí para obtener privilegios personales y han utilizado a los trabajadores, que en algunos casos solicitamos nacionalizaciones y expropiaciones con varios objetivos, entre ellos garantizar la soberanía del pueblo venezolano y el tema de la dignificación de los trabajadores y sus familias; pero todo eso fue un fracaso absoluto”, afirma Máspero, quien funge como presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores. 

Tras más de una década de inamovilidad laboral, esa guerra constante con los sindicatos sí causó estragos en los estándares de calidad de la producción, afirma la fuente del sector productor: “Cuando tienes en video las violaciones a las normas laborales y la Inspectoría del Trabajo no actúa, llegas a un nivel en el que todos los empleados hacen lo que les da la gana. Hubo un período en el que la paralización de las plantas era cosa corriente, tanto así, que el mismo Gobierno y los sindicatos comenzaron a apretar tuercas”.

Dicho apretón vino en la forma de amenazas, acosos y despidos. “Los trabajadores han sido amenazados en el propio Ministerio del Trabajo por los militares; están siendo acosados por el Sebin; esa situación se repite en numerosas empresas. No se discuten los contratos colectivos, y hoy hay 33 contrataciones colectivas pendientes; lo mismo sucede en los centrales azucareros donde tenemos 1000 trabajadores despedidos; tenemos además el riesgo de perder 10.000 empleos en la industria de la pesca solo en el estado Sucre. Todo el tema alimenticio está satanizado. Los trabajadores que pertenecen a Industrias Polar no tienen derechos solo porque el gobierno tiene una pelea con Lorenzo Mendoza. Hoy la clase obrera venezolana rechaza absolutamente la intervención del Estado en ninguna empresa”, sostiene Máspero. 

El estudio conjunto presentado a principios de año por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y el Laboratorio de Ciencias Sociales, demostró que esa pérdida de calidad va más allá de los anaqueles y se extendió a las mismísimas condiciones de vida de los venezolanos. Para muchos, vivir en Venezuela implica el degradante sacrificio de comprar lo que hay, bueno, regular o malo. Y no pocas veces, hacer horas de cola solo para salir con las manos vacías. 

“La gente está en un estado tal de penuria que está sacrificando su derecho a la calidad, consagrado en la Constitución, en aras de conseguir lo que requiere para vivir; no es que estén satisfechos ni que se estén acostumbrando, sino que el estado de necesidad ha llevado a dejar el tema de la calidad en un segundo plano”, concluye León Parilli.