Vacunas COVID-19 en Venezuela: contratos secretos, cifras opacas y escasos resultados a la vista

  • En Venezuela, el plan de vacunación oficial es un inventario de opacidad. Apenas 3,8% de las 10 millones de dosis de la Sputnik V de Rusia prometidas por el gobierno de Nicolás Maduro han llegado al país, mientras se postergan las fechas para el proceso de inmunización de los venezolanos
  • Ni el Ministerio para la Salud ni la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la Covid-19 respondieron la solicitud de información sobre contratos, convenios e inversión para enfrentar la pandemia. Se desconocen las concesiones ofrecidas por Juan Guaidó para lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”
Reportaje publicado como parte del proyecto regional de la Alianza Vigila la Pandemia, realizado por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann, Lisseth Boon y Grisha Susej Vera

  

Nicolás Maduro carga sobre sus hombros un pesado expediente sobre su gestión, que sigue sumando páginas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Su gobierno restringe desde 2017 estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud y además tomó y centralizó la vocería sobre el curso de la pandemia en el país. Las contradicciones y omisiones abundan en el discurso de los voceros oficialistas al momento de comunicar sobre el nuevo coronavirus. 

El Pitazo, Runrunes y la ONG Alianza Venezolana por la Salud enviaron el 5 de marzo de este año dos solicitudes de información: a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención de la COVID-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha respondido lo requerido: datos sobre los convenios y contratos; cantidades de dosis pactadas y las condiciones que ha aceptado el Estado venezolano para acceder a las vacunas.

Las mismas solicitudes fueron presentadas por medios de Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá y Argentina ante sus respectivos gobiernos, en el marco de la alianza “Vigila la Pandemia”, que integran Runrunes y El Pitazo. En ninguno de estos países, las autoridades acceden a mostrar los contratos con los proveedores de este insumo central. Tampoco informar las condiciones acordadas con las farmacéuticas.

En Venezuela, 193.721 personas contrajeron el patógeno , de los cuales 2.082 fallecieron por sus complicaciones, según las cifras oficiales reportadas hasta el 27 de abril de 2021. Pero el manto de opacidad que envuelve a la información oficial sobre la cifra de casos y fallecidos por COVID-19 (puesta en duda por académicos, científicos y médicos) también se extiende sobre las entregas de vacunas pactadas por el Gobierno. 

Con pocos detalles acerca del proceso, el 2 de octubre de 2020, Maduro anunció que Rusia, un histórico aliado del gobierno chavista, comenzaría a probar una vacuna en Venezuela contra el COVID-19, en el marco de la fase III de los ensayos clínicos para comprobar la seguridad y eficacia del producto. Se trata de la vacuna Sputnik V, fabricada por el Centro Gamaleya, que se aplicaría a 2.000 personas. 

Dos meses después, el 29 de diciembre, en una alocución transmitida por televisión, el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna rusa con una inversión de 200 millones de dólares y la promesa de que en 90 días serían aplicadas a la población, con especial prioridad a médicos y otros trabajadores de salud. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24 de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado. 

Sólo garantías de confidencialidad

Sobre las cláusulas y condiciones del contrato no hay rastros. El Gobierno no ha informado, a la fecha, el monto por el que se compraron las vacunas rusas ni el mecanismo instrumentado para cumplir con el pago de los productos biológicos. Solo se sabe que el Ejecutivo aspira a comprar 25 millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. Con dichas dosis, pretende proteger a 70% de la población venezolana, según declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Junto a las dosis rusas, arribaron otras vacunas de fabricación china. Venezuela recibió el 2 de marzo último una donación de 500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing Institute of Biological Products. El avión aterrizó con el cargamento en el aeropuerto de Maiquetía un día después de que, sorpresivamente, el Ministerio de Salud informara por su cuenta en Twitter la aprobación del uso de la vacuna en el país como parte de los lazos de cooperación que Venezuela tiene con China. 

No hay detalles sobre la negociación para adquirir estas vacunas, cuyos resultados de la III fase de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas especializadas. En octubre, Maduro asomó que se probaría en el país una dosis de China con “miles de voluntarios”, pero, en ese momento, no detalló cuál era la marca de la dosis.

Los pocos datos públicos impiden hacer un seguimiento de los acuerdos. En la carta enviada el 5 de marzo a las autoridades, El PitazoRunrunes y la ONG Alianza Venezolana por la Salud solicitaron, tanto al Ministerio de Salud como a la Vicepresidencia, una copia del Plan Nacional para la introducción y despliegue de la vacuna contra el COVID-19 de febrero de 2021. También se solicitó la copia de los convenios y contratos firmados por el Estado venezolano para la compra de las vacunas Sputnik V del Centro Gamaleya; Vero Cell de Sinopharm y las vacunas candidatas EpicVacCorona (Rusia) y Soberana 02 y Abdala (Cuba). 

La misma falta de respuesta obtuvo la organización Transparencia Venezuela, que escribió una comunicación el 22 de febrero de 2020 tanto al ministro de Salud, Carlos Alvarado, como a la Comisión Presidencial. A la fecha, la entidad sigue esperando respuestas. En Venezuela aún no ha sido aprobada una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, pero en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente desde 1999, se establece el derecho de todo ciudadano venezolano de solicitar información a una institución o autoridad sobre asuntos relacionados con sus competencias. Los funcionarios están obligados a responder de forma oportuna y adecuada. 

Personal esencial en riesgo

Mientras el Gobierno no da información, en los hospitales no solo se alerta sobre el colapso de sus espacios por la cantidad de pacientes, sino también se reclama por las muertes, el déficit de insumos de bioseguridad y la ausencia de vacunas para el COVID19 que aún no son aplicadas a médicos y enfermeras. 

En las alocuciones oficiales, pocos datos se asoman sobre la cantidad de médicos vacunados con las dosis rusas. El Gobierno sostiene que Venezuela ha destinado 750.000 vacunas rusas y chinas a médicos y profesores. 

Pero el pasado 5 de abril, en un informe sobre Venezuela, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) informó que apenas 98.000 trabajadores sanitarios habían sido inmunizados con 250.000 vacunas Sputnik V. El número representa el 31% del  total de 315.000 miembros del personal de salud censados por la organización Médicos Unidos de Venezuela. 

Hasta el 15 de abril, Médicos Unidos de Venezuela contabilizó 485 muertes de personal de salud por COVID-19. Para ellos, las vacunas no llegaron a tiempo.

De los lotes de vacunas provenientes de Rusia se reservaron dosis que fueron aplicadas a diputados y líderes políticos chavistas, incluidos el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. También fue vacunada contra el virus la exprimera dama, Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo Chávez. Así lo dio a conocer en Twitter con una imagen que colgó, y luego borró, ante la polémica generada en la red social.

Maduro dijo en febrero que las jornadas de vacunación masiva contra el COVID-19 comenzarían en abril de 2020, pero la fecha se corrió para julio. El plan oficial contará con una vacuna cubana cuyos estudios clínicos son desconocidos. La Academia Nacional de la Medicina urgió al Gobierno a iniciar un plan de vacunación equitativo con criterios técnicos y alejado de clientelismos políticos, mientras el país cursa una segunda ola de contagios que se expande con una nueva mutación del coronavirus identificada en Brasil.

Obstáculos para el acceso al mecanismo Covax

El primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido desde 2019 por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que tras meses de negociación con representantes de Maduro habían alcanzado un acuerdo que permitiría el acceso al país de las vacunas disponibles a través del mecanismo Covax, diseñado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar una distribución equitativa de las vacunas a nivel mundial.

Se desconocen las concesiones ofrecidas por Guaidó para lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”, pero sí trascendió que los representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la OPS, que según el verbatim del gobierno interino implicaba “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”. 

Con ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder al mecanismo Covax: $30.309.040 distribuidos en dos objetivos: 18.199.040 dólares para pagar el acceso a la plataforma Covax y otros 12.110.000 dólares para la inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación nacional. 

Con esta inversión, la OPS garantizaba la entrega de las dosis reservadas para Venezuela: entre 1,4 millones y 2,4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, las cuales llegarían al país a finales de marzo. 

La importancia que tiene para los venezolanos acceder al mecanismo Covax no es menospreciable, ya que a través de esa plataforma se podrían obtener hasta 12.000.000 de vacunas para inmunizar a seis millones de personas, informó el diputado Miguel Pizarro, quien funge como comisionado del gobierno interino para la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Pese a haber aceptado el requisito de la OPS, el acuerdo se fue al traste el 24 de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Rodríguez sostuvo que la razón para bloquear la entrada de estas vacunas eran los efectos secundarios que varios países europeos habían reportado en los días previos. 

Sin embargo, el 10 de abril (mes y medio después), la misma vicepresidenta anunció que Venezuela abonó más del 50 por ciento del pago total para adquirir vacunas a través del mecanismo Covax.

“El país depositó 53.8 millones de euros, equivalentes a 64 millones de dólares, como anticipo para garantizar 20% de la vacunación de la población venezolana”, informó en una rueda de prensa. 

A doce días del anuncio de Rodríguez, el 22 de abril, Guaidó informó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno interino había aprobado 100 millones de dólares adicionales para la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Se trata de recursos del Banco Central de Venezuela que fueron congelados por el Gobierno norteamericano como parte de un paquete de sanciones contra funcionarios de la gestión de Maduro.  

“Este esfuerzo se suma a lo que ya hemos hecho poniendo a disposición el pago para entrar al mecanismo COVAX, la donación a la OPS y Cruz Roja para proteger al sector salud y el bono Héroes de la Salud. La vacuna urge en Venezuela y ratificamos nuestro compromiso en ese sentido”, explicó Guaidó. El presidente interino no ofreció detalles acerca de la fecha en la que se recibirían las vacunas o sobre la cantidad de dosis que llegarían al país tras este nuevo pago.  

Transparencia Venezuela solicitó en abril al director del mecanismo Covax para América Latina, Santiago Cornejo, que entregue información específica sobre el acuerdo con Venezuela, como cantidad asignada y cronograma de entrega al gobierno, según un comunicado de la organización. También requirió datos sobre las deudas que tiene Venezuela con la Organización Panamericana de la Salud (OPS); el monto abonado por adelantado a la alianza Gavi; “la moneda que usó el gobierno para hacer el depósito; la procedencia del dinero; la lista de los funcionarios venezolanos que participaron en las negociaciones; el plan de distribución; y los mecanismos de transparencia que se van a aplicar cuando lleguen las dosis al país”, afirmó Transparencia Venezuela. 

Bienvenidas las vacunas de los países aliados

Dos días antes de bloquear la entrada al país de la vacuna de AstraZeneca, Maduro anunció que Venezuela recibiría 60.000 dosis de los proyectos de vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala. Serían 30.000 vacunas de cada una para participar en los ensayos clínicos de la Fase III, tal y como ocurrió con la vacuna rusa Sputnik V, que escogió a Venezuela como el primer país de América para sus estudios.

“La Soberana 02 y la Abdala son las vacunas del ALBA”, dijo Maduro en referencia al grupo de países que creó el fallecido presidente Hugo Chávez y que está integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Venezuela.

Producida por el Instituto Finlay de La Habana, Soberana-2 es una de las cuatro candidatas a vacunas contra el COVID-19 desarrolladas en Cuba. Tiene en contra que pese a estar iniciando la Fase III de los ensayos clínicos, los resultados de las fases anteriores no han sido publicados ni revisados por sus pares en revistas científicas arbitradas. Además de las 30.000 dosis que enviarán a Venezuela, también planean llevar a cabo el ensayo clínico de la Fase III en Irán. 

Nicolás Maduro autorizó que las vacunas cubanas anti-COVID-19 fuesen probadas en venezolanos a pesar de las alertas sobre la ausencia de evidencia clínica sobre su efectividad y seguridad | Cortesía: Prensa Latina

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también con sede en La Habana, es responsable del desarrollo de la vacuna candidata Abdala, que también sería probada en Venezuela como parte de la Fase III. 

Tan pronto se supo que el país formaría parte de estos ensayos clínicos, tanto la Academia Nacional de Medicina como el Centro Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) manifestaron su preocupación por la decisión de aplicar las candidatas a vacunas en ciudadanos venezolanos. 

“No se conocen los resultados de las Fases I y II que nos dirían si los productos son capaces de inducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda conferir protección contra el virus. Venezuela sufre una grave epidemia del COVID-19 y en vez de participar en pruebas de productos experimentales con características desconocidas, debe priorizar la traída al país de vacunas de reconocida seguridad y eficacia”, dijo la Academia. 

Delcy Rodríguez informó que se incorporaría al portafolio de vacunas candidatas cubanas la EpiVacCorona, otra candidata desarrollada en Rusia,  que aún no supera la Fase III de los ensayos clínicos. La vicepresidenta designada por Maduro aprovechó para confirmar que llegarían 50.000 dosis adicionales de la vacuna rusa Sputnik-V, las cuales se sumarían a las 100.000 dosis que llegaron a principio de marzo como parte de los convenios establecidos con la Federación de Rusia para supuestamente traer al país 10 millones de dosis durante 2021.

La negativa de los representantes de Maduro a permitir el ingreso de las dosis de AstraZeneca disponibles vía Covax, y la demora en la importación de la vacuna rusa Sputnik V, se enfrenta al clamor de la población venezolana que exige que comience el plan masivo de inmunización de manera inmediata, debido a la creciente ola de casos y defunciones que se ha registrado en el país. Incluso las cuestionadas cifras oficiales de la pandemia evidencian un incremento de la virulencia de la pandemia. 

La respuesta de los representantes de Maduro, entre ellos la vicepresidenta Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, ha sido esgrimir la misma razón que emplean para justificar el deterioro general del país: la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales debido a las sanciones económicas en contra de varios personeros del régimen.   

“Si Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados, hubiésemos comprado hace tres meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país”, dijo Arreza en una entrevista a AFP en Caracas.

El canciller insistió en que las sanciones económicas son la razón detrás del déficit de vacunas en Venezuela. “No solo tuviéramos 30 millones de vacunas, sino que hubiéramos vacunado a la mitad de la población si no tuviéramos los mecanismos represados en la banca internacional”, dijo Arreaza. 

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