Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

  • Entre mayo de 2020 y abril de 2021, al menos 40 personas fueron detenidas y acusadas públicamente por el mandatario venezolano Nicolás Maduro, otros altos funcionarios y cuerpos policiales de comercializar medicamentos y pruebas de detección rápida de Covid-19, según una investigación de El Pitazo y Runrunes, en el marco del proyecto ‘Vigila la pandemia’
  • Especialistas consultados sostienen que se trata de una “pantalla” y que los grandes casos de corrupción en el sector salud no son investigados. La llamada ‘justicia mediática’, detenidos sin paradero y sin procesos que garanticen una adecuada defensa marcan la irregular gestión gubernamental contra la pandemia en Venezuela

Por Armando Altuve, Gitanjali Wolfermann, Lisseth Boon y Grisha Vera / El Pitazo y Runrunes | 22 de junio de 2021

El primer caso de venta ilegal de medicamentos para tratar el Covid-19 en Venezuela fue informado por el propio Nicolás Maduro. “Es una irregularidad terrible. La investigación está avanzada, gente vendiendo en dólares la medicina que el país trae y la da gratis a los hospitales. Vendiendo ese medicamento en 4 mil o 5 mil dólares, que es gratis, que se la damos a las clínicas privadas y a los enfermos de Covid”, dijo el presidente venezolano el 9 de septiembre de 2020 durante una actividad pública.

Cuando anunció el caso, Antonio José Amell Cantillo, un médico de nacionalidad colombiana de 27 años, que cursaba su residencia en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, llevaba dos días detenido. Lo apresaron el 7 de septiembre en su domicilio, luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve al médico presuntamente negociando unos medicamentos. Desde Colombia, su familia denunció una presunta desaparición forzada y la ONG Foro Penal, defensora de presos políticos, informó que había recorrido varios sitios de detención en Carabobo y no logró dar con Amell. 

El fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, aseguró aquel 9 de septiembre que a Amell Cantillo se le imputaba por los supuestos delitos de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad), contrabando de extracción y asociación para delinquir. En esa misma rueda de prensa, Saab dio a conocer que la comerciante Francis Margarita Aguiar Salazar, de 52 años, encargada de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de la CHET, también había sido detenida. En su local, incautaron planillas y formularios de documentos oficiales que supuestamente servían para comercializar los fármacos sustraídos del hospital. En consecuencia, a Aguiar se le imputó por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

Saab afirmó que Amell y Aguiar mantenían vínculos con al menos cinco farmacias privadas para vender los medicamentos sustraídos del hospital. “El director de ese hospital, Alexis Rivera, está siendo investigado para determinar si hubo complicidad de su parte”, dijo el fiscal. Por este caso fueron detenidas cuatro personas más. 

El Pitazo Runrunes registraron 40 detenciones en Venezuela, entre mayo de 2020 y abril de 2021, de individuos señalados por cuerpos policiales y funcionarios del Gobierno, acusados de comercializar medicamentos, pruebas de detección rápida de Covid-19 y presunta falsificación de resultados. 

La mitad de los señalados son trabajadores del sector salud. Se pudo conseguir información extraoficial del estatus de 13 de los detenidos, pero de esta investigación surge que en 67% de los casos no hay información sobre cada procedimiento judicial. 

Septiembre de 2020 fue el mes en que se detuvo a Amell y el que aparece con más detenciones durante la pandemia. Solo por el caso del médico colombiano las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos al director del Hospital y a Juan Yánez, presidente del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud). Ambos fueron destituidos de sus cargos y excarcelados el 30 de diciembre, tras 113 días privados de su libertad. Mientras tanto, de acuerdo con las cifras oficiales, agosto y septiembre fueron los meses donde más contagios y fallecidos se reportaron durante el primer año de la pandemia en el país. Sólo en agosto se registraron 28.154 casos, el 62% de los 46.728 que había hasta esa fecha, como publicó Runrunes.

El abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal —una ONG venezolana que defiende presos políticos—, explicó que el Gobierno está convirtiendo investigaciones en instrumentos para consolidar una hegemonía con fines políticos, en lugar de propiciar la administración de justicia. 

“Lo que está pasando es que el Estado no está garantizando el derecho a la salud y en ese contexto es normal que la gente busque resolver su problema de una manera informal. El problema de fondo, que es la carencia de medicamentos e insumos, no se resuelve metiendo presas a 30 o 40 personas”, afirmó Himiob.

Justificación de una gestión ineficaz 

Rafael Alejandro Portales Navarro (31) y Zulay del Carmen García Serrano (33) son médicos cirujanos, especialistas en traumatología, que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2020 por funcionarios de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) de la Policía de Aragua. 

Al momento de la detención, ambos trabajaban en el Hospital Clínico Universitario, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela. La versión policial indicó que, después de un trabajo de investigación, los médicos fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban vender 20 pruebas de diagnóstico rápido del Covid-19, a razón de 30 dólares cada una. 

En la detención se incautaron 20 pruebas de diagnóstico rápido del COVID-19. Foto: Policía de Carrizal

La identidad de los médicos se dio a conocer de inmediato y se distribuyeron fotografías en las que se veían los rostros de los detenidos, aunque en la práctica policial venezolana la mayoría de estas tomas fotográficas suele realizarse de espalda a la cámara. Además, se difundieron fotos de sus respectivos carnets de trabajo donde se podían ver sus rostros y otros datos personales. 

Al día siguiente de la detención, en las redes sociales circuló la imagen de una boleta de libertad (N.139-20), firmada por Nitzaida Vivas Martínez, juez del estado Aragua, donde se solicitaba la libertad plena y sin restricciones para García Serrano. “En la revisión exhaustiva de las actuaciones, se evidencia que no hay delito que se pueda imputar”.

De acuerdo a los registros públicos y notas de medios analizados, en 11 meses han detenido a seis médicos y 16 de los hechos registrados por esta investigación son por ventas de pruebas para detectar el Covid-19.

Himiob explica que la Ley de Medicamentos y la Ley del Ejercicio de la Farmacia establecen que sólo las farmacias y su personal calificado están facultados para la venta o comercialización de medicamentos. 

“No es que las personas que han sido detenidas por vender medicamentos o insumos médicos no estén cometiendo ninguna infracción, pues ciertamente se está violentando una disposición legal. El problema está en criminalizar esas ventas no por su propia ilegalidad sino porque el Gobierno quiere mantener la hegemonía y el control absoluto sobre la pandemia, y no facilita el acceso de los pacientes a esos medicamentos por los canales regulares”, argumentó Himiob. 

El manejo de la pandemia por parte del gobierno venezolano se ha caracterizado por el control absoluto y la opacidad en la información. La primera entrega de la investigación que desarrolla la alianza Vigila la Pandemia, dejó al descubierto cómo el gobierno de Venezuela y el de otros seis países en la región han rechazado desclasificar contratos para vacunas por más de 3.747 millones de dólares. 

“Cuando desde el poder se trata de consolidar una determinada narrativa, incluso antes de que comience la investigación, dirigida a criminalizar de entrada a una persona sin respetar el debido proceso, su derecho a la defensa y los plazos de la investigación, ya hay algo que huele mal”, sostuvo Himiob. “El poder necesita montar un cuento para poner en hombros de algunos chivos expiatorios su propia irresponsabilidad. Es ahí donde te das cuenta de que el proceso no es jurídico sino político”, agregó. 

Lo dicho por Himiob no es una práctica nueva del oficialismo. Ya en 2016, cuando la escasez de alimentos en Venezuela estaba en su punto más crítico, las autoridades encarcelaron a quienes comercializaban productos regulados. La Ley de Precios Justos (2014), destinada a controlar la inflación y el abastecimiento de insumos básicos, establece penas de hasta 14 años de prisión para quienes revendan estos productos y establece también el delito de contrabando de extracción, uno de los imputados a Amell. 

El nuevo coronavirus llegó a Venezuela cuando el sistema sanitario del país ya se encontraba afectado por la crisis hospitalaria. Los médicos atienden a pacientes con Covid-19 en instituciones sin agua y con electricidad intermitente, con escasos insumos médicos y reducidos equipos de bioseguridad. Durante la pandemia, han fallecido 582 trabajadores de la salud por causas asociadas al coronavirus.

Justicia mediática

Los soldados José David Camperos (19) y José Díaz Blanco (25) fueron detenidos el 1 de septiembre de 2020, junto a otras tres personas, en un procedimiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el municipio San Cristóbal del estado Táchira. La prensa local reseñó que las autoridades habían recibido “numerosas” denuncias contra los detenidos por la presunta venta de pruebas rápidas para Covid-19. 

De acuerdo con el reporte, al grupo le incautaron 41 cajas de test de descarte rápido para el Covid-19 (1.025 pruebas). El organismo de seguridad presume que los dispositivos habían sido tomados de un centro de salud, pero no ofreció más información. Se informó que todos los arrestados fueron puestos a la orden del Ministerio Público, pero a la fecha se desconoce la evolución del caso y no se ha dado información pública sobre el paradero de los detenidos. 

Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, afirmó que el Estado venezolano solo ejerce una ‘justicia mediática’, pues explicó que las autoridades informan sobre presuntos responsables de ciertos delitos, pero no ofrece detalles sobre el avance de las investigaciones y el proceso judicial que se le sigue a los casos. “Es una justicia sólo de titulares, pero no de sentencia firme”.

Sostiene que en la Justicia venezolana ha cobrado fuerza una práctica irregular que sólo alimenta el patrón de impunidad: el Estado acusa o juzga a los más débiles de la cadena. “Se usan a estas personas para crear la matriz de opinión de que el Estado venezolano lucha contra el contrabando de extracción de medicinas o tráfico de vacunas, pero no sanciona realmente a los verdaderos responsables”, afirmó Daniels.

“Decir que no hay medicinas porque una o dos personas tienen en su poder algunos productos no evidencia una red de tráfico, por ejemplo, porque ese entramado implicaría que hay un volumen de personas involucradas en concierto para concretar una acción delictiva. Las detenciones aisladas realmente no indican que se está combatiendo el problema”, añadió Daniels.

El abogado señala que el Gobierno viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso al anunciar públicamente la responsabilidad de ciudadanos en presuntos delitos sin haber tenido elementos suficientes para acusarlos. Considera que no perseguir los casos de corrupción se ha convertido en una “política de Estado” y resaltó que la Justicia ha sido ineficaz para resolver los casos. “En el caso de las medicinas, se detiene a la persona y no hay un acto frente a un juez donde se presente el caso; ese caso muere, pero crea la imagen ante los venezolanos de que la justicia es eficiente”.

Los grandes emprendedores de la pandemia 

Mientras el gobierno de Maduro detiene a personas por presunto contrabando de extracción y otros delitos, hay casos que despiertan sospechas más contundentes y que las autoridades no han señalado. El 2 de marzo de 2021, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (Inac) informó que los viajeros que entraran al país debían realizar la prueba PCR con un laboratorio que dispusieron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar para ese fin. Ese laboratorio apenas tenía 21 días de haberse constituido. 

En mayo de 2020 comenzó a observarse, en la base de datos creada para esta investigación, la venta de pruebas COVID-19 por particulares.  En la misma línea de las declaraciones de Maduro, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado declararon a la prensa, en el momento de las detenciones, que la aplicación de estas pruebas era gratuita y debía ser controlada por el Ministerio de Salud. En paralelo a esta situación, surgieron laboratorios privados y ventas de estas pruebas a domicilio promocionados mediante anuncios por la red social Instagram. 

Mildred Rojas, abogada especialista en contrataciones públicas en la ONG Transparencia Venezuela, explicó que la información sobre las compras y contrataciones, así como la lista de materiales y bienes asignados, debe publicarse en formatos de datos abiertos. Sin embargo, en Venezuela las contrataciones, adquisiciones y asignaciones que se han hecho durante la pandemia están marcadas por la opacidad y la discrecionalidad.

En el sector salud, las únicas investigaciones anunciadas por las autoridades venezolanas en los últimos años son casos de corrupción “que no involucran grandes cantidades de dinero público ni la participación de funcionarios de alto nivel con responsabilidad en el manejo de recursos”, afirmó Rojas.

En el primer decreto de estado de alarma dictado por Maduro, en marzo de 2020, cuando se confirmó la presencia del Covid-19 en Venezuela, se dispuso la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus. De los 12 funcionarios que ha elegido el presidente para que sean parte de esta comisión, cinco han sido sancionados por Estados Unidos, como Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, y Tareck El Aissami, ministro de Petróleo. Ambos son acusados por la justicia norteamericana de presunto tráfico de drogas. 

En paralelo a la opacidad del oficialismo y al surgimiento de nuevas empresas privadas que comercializan insumos médicos, Amell continúa privado de libertad, sin que trascienda información sobre su caso. Otro acusado por el oficialismo, Luitxon Alejandro Caripe Ochoa, de 26 años, quien fue detenido en julio de 2020 en Caracas por presunta estafa con pruebas rápidas para detectar Covid-19, terminó limpiando su nombre por redes sociales luego de ser liberado y sin información sobre el proceso judicial en su contra. “Bueno, como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquí estoy y desmiento la investigación efectuada (…) que nunca se hizo”, aseguró en un publicación de un medio local del estado Vargas.

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