El Gobierno acepta una escasez estructural

Expertos argumentan que la implementación del Sistema de Abastecimiento Seguro es la forma en que el Gobierno reconoce la gravedad de la escasez y el desabastecimiento de los alimentos básicos

Gitanjali Wolfermann @GitiW

Es ley: la causalidad es la relación por la cual se determina que un suceso tiene su origen, invariablemente, en otro hecho. Si hay A, hay B, dice la ciencia. La filosofía también se apoya en este principio y señala que, para conocer realmente un fenómeno, hay que conocer las causas que lo generaron.

El fenómeno en cuestión es la implementación del Sistema de Abastecimiento Seguro (SAS), en vigencia desde el primero de abril de este año. Este sistema, de acuerdo al ministro de Alimentación Félix Osorio, contempla el registro y conformación de una base de datos de los usuarios de la red de comercialización de alimentos controlada por el Estado, a saber, Mercal, Pdval, abastos Bicentenarios y abastos Venezuela. 

Según la actualización más reciente del ministro Osorio se han inscrito 429.098 personas, de un universo estimado de 15.000.000 de consumidores, que equivale a 64 % de los venezolanos que de acuerdo al Gobierno, son los beneficiarios directos de la red de comercialización de alimentos del Estado. 

Casualidades aparte, este sistema entra en vigencia en el período de mayor escasez de alimentos registrado en la historia reciente del país. Cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que la escasez en dicho rubro alcanzó 26,9 % en marzo y 33,8 % en febrero. Otro dato importante para entender las causas de futuros mecanismos: la escasez general de bienes se ubica en 29,4 %.

Del qué al por qué

El discurso oficial destaca que entre las causas que motivan la implementación de un sistema que en la práctica controla la frecuencia y cantidad de la compra de alimentos, se encuentran el combate del contrabando, específicamente en los estados fronterizos, la especulación producto de la reventa en el sector informal, y la compra excesiva –criterio determinado por el Gobierno-, motivada por situaciones de nerviosismo.

Para Roberto León Parilli, abogado y presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), la implementación del SAS tiene como objetivo paliar temporalmente la escasez, mas no está dirigida a resolver las causas económicas de fondo que, a su juicio, son de carácter estructural. “El sistema está mal concebido y solo busca distribuir mejor lo que hay para que se note menos el faltante”, apunta. 

Esas causas de fondo fueron noticia a finales de abril, cuando la planta procesadora de pastas alimenticias de Empresas Polar anunció el cierre de operaciones, “debido al retraso en la liquidación de divisas por parte de Concoex –antes Cadivi- para la compra de trigo durum, materia prima importada necesaria para la fabricación de la pasta”. 

El caso de Polar no es aislado. El informe de mayo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), destaca el hecho de que durante el 2013 la actividad industrial en el país cayó a 13,7 % del PIB –como referencia en 1998 representó 17,3 %- lo que se interpreta como “una agudización de la desindustrialización de la economía”.

Dicho informe apunta como causas detrás de la implementación de medidas como la del SAS, al modelo económico del Gobierno que “ha favorecido las importaciones; el anclaje del tipo cambiario durante lapsos prolongados; la asignación irregular de divisas para la compra de materia prima; las expropiaciones; la congelación de precios; y la rigidez de las normas laborales”.

Frente a esas causas, el profesor Marco Tulio Méndez, economista y director del Centro de Investigación para la Educación, la Productividad y la Vida (CIEPV), de la Universidad Católica Andrés Bello, afirma que la implementación del SAS “es una medida desesperada, con la cual el Gobierno reconoce públicamente que la escasez y el desabastecimiento son reales y que debe hacer algo para controlarlo”. 

Sin embargo, Méndez señala que la medida está orientada a atender las consecuencias y no las causas de fondo, que pasan por la regularización perentoria del acceso a las divisas para la importación de materia prima, y por la reactivación de la producción nacional en el mediano y largo plazo, para lo cual el Estado y el sector privado deberán trabajar en conjunto. 

Por inviable e inconstitucional

El presidente de Anauco considera que el SAS será “técnicamente inviable en su aplicación” y que por tanto se une a una lista de paliativos, tales como los intentos por regular el consumo de gasolina en los estados fronterizos o por penalizar el consumo eléctrico excesivo, que ha intentado el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de sus políticas económicas. 

“De acuerdo al Gobierno, el SAS se justifica para combatir ilícitos como el contrabando y la especulación, sin embargo, para resolver esos problemas el Estado no puede menoscabar ningún derecho constitucional”, afirma León Parilli. 

El abogado vincula las violaciones al texto constitucional a 3 artículos. En primer lugar, el artículo 117 que consagra que el Estado garantizará el acceso a bienes y servicios de calidad, a través de la libre elección. “La escasez ha traído como consecuencia una oferta limitada, frente a lo cual los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir entre varias opciones”.

León Parilli destaca también la violación al artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que el mismo otorga un mandato al Estado a garantizar la seguridad alimentaria de la población, mediante la disponibilidad suficiente y el acceso oportuno y permanente a los alimentos. Bajo esta luz, argumenta el abogado, el Gobierno no puede restringir arbitrariamente la compra a cada 8 días bajo ninguna razón. 

León Parilli señala que está a la espera de conocer si se admite o no, un recurso que introdujo Anauco ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Ley Orgánica de Costos aprobada en enero de este año, ya que a su juicio, esta formaliza una serie de prácticas –controles y regulaciones excesivos al sector productivo, sanciones que implican expropiaciones y confiscaciones-, que se han aplicado hasta ahora de forma aislada y que menoscabarían todavía más el desarrollo económico del país.

La tendencia: cambio de prioridades

El estudio de Datanálisis conducido entre el 30 de marzo y el 20 de abril –período en el cual se activó el SAS-, evidenció que 32,5 % de los venezolanos considera que el principal problema del país es el desabastecimiento, frente a 23,5 % que señaló la inseguridad.

“Dice mucho de la situación y del momento en el cual el Gobierno toma la medida, que la población tenga como prioridad los alimentos antes que la vida y la pérdida de sus bienes. Esto no se veía hace apenas un año”, afirma el director del CIEPV.

La organización que Méndez preside, cuya sede está en Ciudad Guayana, conduce estudios mensuales en la región para medir indicadores como la inflación y la escasez. Las cifras dan cuenta de que la región acumula una inflación de 11,80 % en los primeros 3 meses de 2014, y una inflación anualizada de 76,91 %. 

Asimismo, el índice de escasez global del primer trimestre para la canasta alimentaria en Puerto Ordaz llegó a 40.07 %. “Es importante reconocer que la situación fuera de la región central es mucho peor, a Ciudad Guayana llega el repele”.

Lo poco que llega, agrega Méndez, va directo a las redes del Estado. “Desde el punto de vista sociológico, esta situación ha traído una recomposición de los estratos sociales en el país. Las políticas sociales del Gobierno han ido dirigidas a las clases populares, que por mucho tiempo estuvieron al margen del discurso oficial, no obstante, eso ha traído una destrucción sistemática de la clase media, que cuenta cada vez con menos recursos”.

Aunque León Parilli sostiene que no es verdad que la mayoría de los ciudadanos se esté acostumbrando a la actual situación de escasez, el director del CIEPV afirma que en los estratos populares, sí hay por un lado mayor afinidad con el discurso oficial de ‘guerra económica’, y por otro, hay un estado de complacencia frente a los beneficios obtenidos por el Gobierno.

“Somos una sociedad muy heterogénea, con prioridades distintas. Mientras la clase media se proyecta en el futuro y percibe que sus oportunidades serán cada vez más reducidas, las clases populares priorizan el presente, los problemas del día a día. Por eso muchas personas ya se han registrado en el SAS y lo ven incluso como una medida positiva”, analiza Méndez.

El director del CIEPV y el presidente de Anauco, coinciden en que la coyuntura actual amerita que el diálogo iniciado entre el Gobierno y el sector productivo privado genere acuerdos que vayan más allá de atender las consecuencias, de otro modo, es factible anticipar medidas que controlen el acceso a otros bienes y servicios. 

“El SAS limita el acceso a los alimentos tal y como lo establece la ley, sin embargo, de manera indirecta la inflación y el desabastecimiento han restringido sistemáticamente el acceso a otros bienes y servicios. No necesitamos una tarjeta que controle la compra de vehículos o viviendas, el mercado ya se ha encargado de ello”, afirma León Parilli. 

El mecanismo actual del SAS prevé que el registro es voluntario,  -el Gobierno solo hace mención a las ventajas adicionales que tendrán los consumidores que formen parte del sistema, no a limitaciones para quienes no se inscriban-. Sin embargo, Méndez formula la pregunta que preocupa a muchos: “¿Qué pasa si la situación de escasez se agrava y en un futuro los alimentos de la canasta básica solo se distribuyen a través de las redes del Estado?”. 

La preocupación de Méndez tiene sentido, después de todo, ya en Ciudad Guayana, quien quiera comprar los alimentos regulados debe acudir a las redes de distribución del Estado, esté registrado o no. No se puede escapar de la ley, al menos no de la de causa y efecto.